La utilización del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas plantea una batalla legal a medio y largo plazo que dependerá de la interpretación jurídica que se haga de su actividad y su capacidad para funcionar como una entidad de derecho privado, aun siendo un banco público, para evitar que se le acuse de fraude de ley al garantizar los 5,4 millones de euros que se reclaman a los presuntos responsables contables de promocionar el proceso independentista en el extranjero. Fuentes jurídicas cercanas a este proceso y expertas en derecho administrativo advierten que un abuso o fraude de ley se produce siempre que se utiliza una norma para un fin distinto al que ha dado lugar a su creación. Y ese es ahora el gran riesgo al que se enfrenta el ICF ante posibles demandas por su actuación en este caso: se creó como una entidad pública con el fin de dar apoyos en forma de créditos a las empresas y a los proyectos que necesitaran un empuje desde la Administración para salir adelante, con lo que usarlo ahora para un fin como el de la caución impuesta por el órgano fiscalizador puede salirse de su cometido y entrar en el peligroso mundo del fraude de ley.
Una de las claves que se pueden presentar a favor del ente catalán es que las operaciones y la gestión que realiza se fundamentan o rigen por el derecho privado, algo que podría respaldar la operación para afrontar la cantidad exigida por la acción exterior del 'procés', si bien con muchas dudas legales. El propio presidente de la entidad, Josep Ramón Sanromá, ha admitido que no dependen del presupuesto público de la Generalitat y acuden al mercado a financiarse para operar después con el tejido empresarial. Pero, al mismo tiempo, se trata de una entidad perteneciente a la asociación de bancos públicos europeos, que rinde cuentas en la Unión Europea, de forma que, ante una demanda, ese carácter de público puede ser un problema a la hora de defender ante un juez los avales a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.
El Gobierno, que este mismo miércoles ha sacado adelante su decreto sobre los interinos con el apoyo de los catalanes de ERC, no ha desvelado todavía nada sobre las opciones legales o no que tiene el ICF de ser el avalador de las fianzas, pero desde la oposición del PP, Vox y Cs ya se ha advertido de que revisarán esa iniciativa desde todos los puntos de vista legales e interpondrán los recursos que sean necesarios si consideran que esta opción no es acorde con el ordenamiento jurídico. Fuentes judiciales consultadas por La Información aseguran que un proceso legal tan complicado desde el ámbito administrativo puede suponer un ‘culebrón’ más en el ámbito jurídico que tardará mucho tiempo en resolverse.
Mientras todo eso se decanta de una forma o de otra, el primer paso ahora es saber si en el Tribunal de Cuentas se aceptará una fórmula que suponga que el ICF se haga cargo de las fianzas para seguir adelante con el proceso en el que se encuentran implicados 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont -huido de la Justicia- o exconsejeros condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición por el 'procés' recientemente indultados, como el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, o el entonces responsable autonómico de Asuntos Exteriores Raül Romeva.
Fuentes del órgano fiscalizador indican que será la delegada instructora Esperanza García, encargada de analizar si hubo un desvío de fondos públicos para financiar las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), la que tenga que valorar si el aval de la Generalitat, así como otros recursos que puedan presentar los investigados, sirven para afrontar las fianzas de 5,4 millones de euros y se evita el embargo de bienes de los encausados. Será una vez concluido este trámite y resueltos todos los recursos presentados cuando se dé traslado de las actuaciones a la Fiscalía, a las acusaciones ejercidas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, así como a la Generalitat de Cataluña para que formulen sus correspondientes demandas.
Junto a los gastos del 1-O
Tras ello, el asunto se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que proceda a juzgar estos hechos junto a los gastos de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que en enero de 2020 se estimaron en 4,1 millones de euros. La magistrada que redactará la ponencia de la futura sentencia es la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, que se verá acompañada en la Sala por tres componentes dos de ellos de carácter más progresista y otro que viene del ámbito político más conservador, explican fuentes cercanas al organismo.
Otras fuentes jurídicas consultadas apuntan que no parece descabellado que la Generalitat respondan por la gestión que han llevado a cabo sus autoridades o altos cargos en el ejercicio de sus funciones públicas. En este sentido, señalan que al igual que los servicios jurídicos del Estado pueden defender a un funcionario público cuando se ve involucrado en alguna causa judicial, la administración autonómica tiene derecho a "proteger" a sus trabajadores, aunque sus actuaciones sean "discutibles". Aún así, las mismas fuentes subrayan que lo primero que tendría que hacer la institución fiscalizadora es aclarar el papel que juega la propia Generalitat en este procedimiento contable, si se ha visto perjudicada al entender que sus cuentas no se han visto alteradas con la acción exterior del 'procés', o al contrario no sufrió perjuicio alguno, tal y como defiende la propia administración. Cabe recordar que los 5,4 millones reclamados ahora tiene como objetivo garantizar el reintegro de dicho dinero a las arcas catalanas ante una eventual condena dictada por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Un fondo creado 'ad hoc'
El Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de junio la cuantía que estima que se ha desviado de la 'caja' pública para sufragar las actividades secesionistas fuera de España. Tras concluir el trámite de alegaciones, la delegada instructora dio 15 días hábiles a los encausados para hacer frente a las fianzas impuestas, un plazo que concluyó a las 00.00 horas de este jueves. Hasta el último momento, el Govern presidido por Pere Aragonès ha buscado una entidad financiera o cooperativa de crédito que apoyara económicamente a la treintena de ex altos cargos catalanes en caso de que resulten condenados. Para ello, la Generalitat creó 'ad hoc' un Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros de fondos extraordinarios de varios departamentos y gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a través del cual poder actuar como contraaval.
Con ello, se buscaba que los implicados no tuvieran que afrontar un desembolso millonario o poner a disposición del Tribunal de Cuentas sus bienes y propiedades, que ya estaban preparando ante la incertidumbre de si se conseguiría encontrar un avalista, según informaron fuentes jurídicas a este diario. Aunque el Govern aseguró 24 horas antes de que acabara el plazo que se descartaba que el ICF afrontara los 5,4 millones de euros directamente para evitar poner en riesgo a los trabajadores públicos, este mismo miércoles, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado que se volverá al plan inicial y que finalmente, tal y como estaba previsto si no se encontraba un banco que quisiera involucrarse en la operación, será el ente catalán quien se haga cargo de la caución.
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