Viernes, 20.09.2019 - 02:08 h
La prueba estrella de Anticorrupción

El informe de PwC puso en la picota a Bancaja por el alto riesgo de sus activos

La firma ya advirtió en pleno proceso de fusión que iban a ser necesarios 5.100 millones adicionales por los inmuebles de su filial en México.

Foto José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo / EFE
El ex presidente de Bancaja, José Luis Olivas, junto al que fuera director general de la caja, Aurelio Izquierdo / EFE

El informe confidencial elaborado por PwC para Bankia en 2010 ya puso de manifiesto un dato que, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, es clave para probar que las cajas integradas en la fusión que dio origen a la entidad ocultaron su verdadera situación patrimonial. El documento, incorporado a la causa al inicio del juicio, ya ponía el acento en los activos inmobiliarios del Grupo Bancaja advirtiendo del gran riesgo que suponía para la operación.

El análisis, efectuado por la auditora tras revisar las cifras iniciales del plan de integración, vaticinó que las cajas incurrirían con esta operativa en unas pérdidas que rondaban los 11.500 millones de euros. En lo que respecta a Bancaja, puso el foco en 65 de las 140 sociedades participadas por su filial inmobiliaria y determinó que las mismas contaban con una cobertura del 85% en términos de inversión de capital dentro del Grupo, lo que equivale a 1.852 millones de euros.

Estos datos son a juicio de la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Laúna, muy reveladores y por eso mismo pidió la inclusión en el procedimiento de este documento, desconocido hasta este momento. Y no solo eso sino que, una vez conseguida la aprobación del tribunal, la representante del Ministerio Público recurrió a él de forma continua en su primer día de interrogatorio a Rato para intentar demostrar que desde la cúpula de la entidad eran conscientes de las dificultades que atravesaban las siete cajas que participaron en la fusión, especialmente Caja Madrid y Bancaja. 

El expresidente de la entidad, que se enfrenta a cinco años de prisión por el presunto maquillaje de las cuentas en 2011 y 2012, echó balones fuera y alegó que se limitaron a cumplir órdenes del Banco de España y del propio Gobierno. En concreto, apuntó a Elena Salgado, entonces vicepresidenta del Ejecutivo de Zapatero, como la que le advirtió bien claro que antes del mes de septiembre de 2011 habría que salir a bolsa. En lo que respecta a este informe concreto, le restó importancia asegurando que se hizo en un espacio breve de tiempo, que ningún documento de esta índole tiene una fiabilidad absoluta y que se barajaban muchos y muy diversos escenarios entonces. 

Pero el estudio, al que ha tenido acceso La Información, es muy claro sobre este punto y advierte de que la estructura empresarial de Bancaja Hábitat así como la diversidad de sus operaciones de financiación hicieron que resultara especialmente complicado estimar las pérdidas. La conclusión fue que, aunque no surgieron diferencias significativas con respecto al plan de integración, la realización de esos activos iba a requerir una elevada financiación adicional (en concreto, unos 5.100 millones de más).

Operaciones en México juzgadas por la Audiencia Nacional

El informe ya alertó de que existía una elevada concentración de activos en el Arco Mediterráneo y en México, llegando a alcanzar el 81%. La firma expuso que la entidad que presidía entonces José Luis Olivas contaba con poco más de 100 kilómetros cuadrados de suelo (equivalente a la superficie de la ciudad de Barcelona) repartido en las ciudades de Murica, Alicante, Valencia, Castellón, Almería y Sevilla, aunque llama poderosamente la atención que solo México recogía más de la mitad de todos los inmuebles de Bancaja. 

Se da la circunstancia de que las operaciones que la caja llevó a cabo en Norteamérica ya han sido objeto de una investigación previa también en la Audiencia Nacional. De hecho, tras el término de la instrucción, la Sección Cuarta, la misma que está al frente de este procedimiento, acordó sentar en el banquillo a un total de 48 personas (entre ellos Olivas y otros exdirectivos de Banco de Valencia) por su implicación en la bautizada como operación Grand Coral. En la misma, que habría costado a la caja un desembolso de 750 millones de euros, está acusado también José Cortina, expresidente de Bancaja Hábitat.

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