Aunque el interrogatorio a Rodrigo Rato por la creación de Bankia se centró en el papel que jugó el Banco de España en el proceso, el tribunal que juzga las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa recuerda que las decisiones iniciales del supervisor sobre las siete cajas que integraron la fusión fría no se enjuician en este procedimiento; es más, ni tan siquiera son objeto de reproche penal.
Así lo argumenta el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para resolver sobre las cuestiones previas planteadas en las cuatro primeras sesiones de juicio celebradas en diciembre. En el auto, los magistrados recuerdan que la decisión del supervisor de permitir que las cajas cargaran las pérdidas por deterioros contra reservas y no en la cuenta de resultados es un asunto ajeno a esta causa. Una tesis que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que gran parte de este primer día de interrogatorio a Rato se centró precisamente en el rol del supervisor en todo este proceso de fusión fría.
Responde el tribunal de esta forma al que fuera director financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, quien solicitó a la Audiencia Nacional que anulara la acusación que pesa en su contra por carecer de responsabilidad en todo el proceso de creación del banco nacionalizado. Al respecto, expuso que pidió autorización al supervisor, a cuyo frente estaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para aplicar la circular de las entidades de crédito de 4/2004. En concreto buscaba que se le diera a los activos y pasivos de los estados individuales de Caja Madrid los mismos criterios contables que al balance consolidado de BFA.
Los magistrados recuerdan en su escrito que este exdirectivo de la entidad que ahora preside Ignacio Gorigolzarri gozaba de un estatus "en la primera línea ejecutiva" tal que entre sus funciones figuraban la elaboración de los estados financieros de la entidad y la presentación de las cuentas. Así figura en el acta de la reunión del Consejo del 24 de marzo de 2011 en la que el exdirectivo financiero presentó un resumen del informe de gestión consolidado de BFA correspondiente al ejercicio de 2010. Precisamente el tribunal enjuiciador se pronuncia sobre estas cuentas para apuntalar la relevancia de que sean sometidas a examen por si existe infracción penal.
La lupa sigue puesta en las cuentas de BFA de 2010
Y ello pese a que algunos de los 34 acusados en el procedimiento por el mayor rescate bancario en España alegaron en varios escritos que el delito contable por el presunto maquillaje de esos estados financieros estaría prescrito desde marzo de 2016, además de que no se hizo alusión a estas cuentas en la querella inicial que dio origen al macroprocedimiento. Los magistrados son rotundos en su respuesta y afirman que que esas alegaciones "no se ajustan a la realidad" puesto que sí se hace "clara referencia" a las cuentas de la matriz de Bankia tanto en la querella que presentó UPyD como en el auto de admisión del juez Fernando Andreu en julio de 2012.
En lo que respecta al avance que formuló la fiscal Carmen Laúna al arranque de la vista acerca de que no descartaba ampliar su acusación de estafa de inversores incluyendo también el delito de falsedad contable, el auto del que es ponente la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, recoge que resulta "un tanto sorprendente" esta decisión puesto que no hay elementos penales nuevos que permitan apuntar en esa línea, además de que "aún no se ha practicado una sola prueba" en la vista oral que permita argumentar esta modificación de sus conclusiones provisionales.
Ante este escenario, el tribunal no puede resolver sobre el fondo del mensaje puesto que no constituye ninguna cuestión previa en sí mismo. Ahora bien, en lo que respecta a la tesis del Ministerio Público acerca de que la debacle de Bankia afectó al Estado por encima de los intereses de algunos accionistas, el tribunal no solo respalda este argumento sino que insiste en que las presuntas falsedades que ahora se juzgan afectaron a intereses colectivos. De esta forma, los jueces respaldan que sigan en el procedimiento las acusaciones particulares que llevan litigando en el mismo durante los más de cinco años que ha durado la instrucción.
De hecho, advierten a los acusados que la pretensión expuesta al inicio de la vista oral debió haberse articulado precisamente en la fase de instrucción puesto que los perjudicados han estado presentes desde el primer momento; sin obviar que se juzgan unos hechos que afectaron a la cuarta entidad bancaria y cuyo quebranto acabó derivando "en el mayor rescate bancario con fondos públicos en la historia del país", superando la inyección de 23.000 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios