El cuello de botella que se está produciendo a la hora de cobrar y tramitar el Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, está provocando intensas negociaciones en el seno del Ejecutivo de coalición. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social trabaja para solucionar la "avalancha" -palabra de José Luis Escrivá- de solicitudes. Hay unos 900.000 expedientes y apenas 85.000 familias están percibiendo la ayuda. Unidas Podemos está aprovechando este colapso para intentar introducir modificaciones en la prestación y que baste una declaración jurada para comenzar a cobrar la ayuda.
Los socios de Sánchez presionan y lo hacen por dos vías: en el seno del Gobierno y en el trámite parlamentario del IMV. Hay que recordar que la prestación se tramitó como proyecto de ley y que los grupos políticos pueden introducir enmiendas en la andadura parlamentaria. De hecho el propio Escrivá se ha abierto a evaluar la situación ante este "enorme volumen" de peticiones y a "hacer ajustes" a lo largo de este mes de septiembre. La Seguridad Social no da abasto.
El proyecto de Unidas Podemos pasa por que una declaración jurada del demandante sea condición necesaria para comenzar a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. La comprobación de los requisitos, incluido el de renta o patrimonio, sería a posteriori, es decir, ex post. En caso de que la Seguridad Social comprobase que el peticionario no tiene derecha a la prestación estaría obligado a devolverla. Consistiría, por tanto, en adaptar el modelo de Canadá, que funciona en el país americano, a España.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ya puso sobre la mesa esta posibilidad durante la negociación del real decreto, pero Escrivá prefirió el modelo que finalmente salió aprobado del consejo de ministros. Ahora Unidas Podemos considera que sería una solución "sensata" al problema que se está dando. "El Ingreso Mínimo es una medida de urgencia para familias en situación extrema, que viven al día y que no pueden aguantar un mes o dos esperando" a cobrar la prestación", explica a La Información Pablo Echenique, portavoz de UP en el Congreso. Para los socios de Gobierno del PSOE la clave del Ingreso Mínimo pasa por "que se cobre con velocidad".
"Estamos trabajando a nivel Gobierno, interlocutando con Escrivá, para poder pactar estas enmiendas y que esto pueda resolverse", añade Echenique. Unidas Podemos considera que la fórmula de Canadá es un "modelo de éxito" porque en España hay "familias humildes que a veces no pueden hacer el papeleo o no tienen Internet" para solicitar la prestación.
El problema del silencio administrativo
Otro problema al que se enfrentan los solicitantes del Ingreso Mínimo tiene que ver con el silencio administrativo. "El plazo de silencio administrativo (que se entiende negativo si a los tres meses no hay respuesta) puede hacer que la mayoría de las 740.000 solicitudes que se han presentado puedan decaer, pues actualmente han sido tramitadas menos de 40.000, y el resto continúan a la espera", advierte el sindicato UGT.
Para solucionarlo el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) debería ampliar ese silencio administrativo para que esas solicitudes a la espera no decaigan y sean desestimadas por superación del plazo legal. UGT anuncia también que si esta situación no se soluciona se plantean
En este momento hay demandantes del IMV que han recibido cita para tramitar su solicitud fuera del plazo de carencia, hasta el 15 de septiembre, lo que les deja sin el reconocimiento de la prestación a fecha 1 de junio, perdiendo hasta 3 meses de prestación en la práctica. Escrivá ya ha asegurado que todas las prestaciones se cobrarán con efectos a 1 de junio. Esta situación afecta, en general, a personas que carecen de medios telemáticos y acuden a ayuntamientos para que les tramiten la solicitud.
