¿Cometió Marlaska algún delito? Solo si presionó para tener el informe del 8-M

El polvorín desatado en los últimos días tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y las renuncias en cascada de la cúpula del Instituto Armado han puesto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de todas las críticas políticas y de mandos policiales. Sin embargo, las acciones penales interpuestas en contra de subordinados suyos así como las que se podrían llevar a cabo contra él mismo por la destitución del coronel de la Guardia Civil solo prosperarían si se probara que esta decisión se produjo, no por la pérdida de falta de confianza aducida, sino porque se habría negado a dar parte del atestado que dos subordinados suyos realizaron en la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. 

Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que proceder contra el otrora magistrado de la Audiencia Nacional por estos hechos es complicado pese a que algunas formaciones como Vox ya han presentado querellas contra miembros de su equipo por los hechos acontecidos el domingo y que han generado un auténtica crisis dentro de su cartera. Las fuentes consultadas explican que se podría proceder contra Marlaska en calidad de inductor de amenazas en caso de que se demostrara que desde su entorno se habría coaccionado al coronel cesado por negarse a compartir el atestado judicial de la causa del 8-M. 

Este nuevo escenario daría pie para proceder contra el ministro también por delito de descubrimiento de secretos recogido en el artículo 197 del Código Penal. No obstante, sería más difícil contemplar obstrucción a la Justicia, que Vox sí atribuye en su querella al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. "Una cosa es la responsabilidad política y otra la penal", recalca uno de los expertos consultados, el cual hace hincapié en que no hay certeza absoluta acerca de las conversaciones telefónicas mantenidas el domingo entre la directora de la Guardia Civil y De los Cobos, cuando se habría negado a divulgar este informe especialmente duro con la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

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El recorrido judicial que puede tener las derivadas de un cese de este calibre es muy corto teniendo en cuenta que son cargos políticos y su designación y cese depende en gran medida del partido que está en el poder. No obstante, desde que se conocieran las llamadas que recibió el domingo por la tarde de su superior directo, el general José Antonio Berrocal y del general Fernando Santafé, el asunto ha tomado una deriva diferente. Aunque los hechos apuntan a que se requirió a De los Cobos información concreta del atestado elaborado por sus subordinados, Marlaska ha obviado pronunciarse sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. 

De haber desvelado datos del informe que el juzgado encargó a un teniente y un capitán de la Comandancia de Madrid, se estaría ante la comisión de delito de descubrimiento de secretos y coacciones. Cabe destacar que ni el propio Pérez de los Cobos tendría por qué conocer el contenido de ese trabajo en base a lo recogido en el artículo 126 de la Constitución. El mismo recuerda que la Policía Judicial encargada de una investigación depende de los jueces, de los tribunales, del Ministerio Fiscal y nadie más. Un extremo que, si bien debe respetarse en todos los procedimientos, en este cobra especial importancia porque la magistrada al frente del mismo, Carmen Rodríguez-Medel, ha sido muy insistente en relación a la necesidad de que no se dé traslado de las pesquisas a nadie fuera del juzgado. 

De hecho, el cese de De los Cobos el lunes vino seguido de un escrito que la propia magistrada remitió a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que dejó claro que la Policía Judicial dependía exclusivamente del juzgado y que de las diligencias practicadas solo se le tenía que dar traslado a ella. Las conclusiones iniciales del atestado, aportadas a la causa el pasado jueves, no dejan en muy buen lugar a la Delegación del Gobierno de la capital. Según los agentes, de las pesquisas practicadas se desprende que el órgano que dirige Franco tenía información suficiente como para suspender las marchas entre los días 5 y 14 de marzo. Pero además, también carga contra el Ministerio de Sanidad y recalca en varias partes del escrito que todavía no ha recibido la información requerida en varias ocasiones al Centro de Coordinación de Alertas a cuyo frente se encuentra Fernando Simón. 

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Los hechos ocurridos a comienzo de semana, seguidos de la dimisión del DAO Laureano Ceña y del general Santafé a última hora del miércoles, han puesto en un serio aprieto al ministro del Interior a quien asociaciones de guardias civiles, fiscales y de magistrados le recuerdan que "hay que creerse la independencia judicial". Ni las explicaciones sobre el cese del coronel -que achacó a cambios de equipo- ni su defensa de los jueces le han librado de las críticas por intentar interferir en un procedimiento penal. Así, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria le advierten del "gravísimo ataque" a la independencia judicial que habría supuesto tratar de averiguar el estado de las diligencias del 8-M, las cuáles siguen abiertas y pendiente por tanto de ampliación del informe policial. 

Las asociaciones, por su parte, lo que quieren es acceder al expediente del coronel apartado para conocer los verdaderos motivos de esta precipitada decisión. "Tienen que motivar el expediente y explicar los motivos de la pérdida de confianza. Ayer Marlaska dijo que era fruto de una remodelación. Nosotros queremos ver quién es el siguiente", rezan desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). Las críticas al Ejecutivo no solo se ciñen a las represalias tomadas contra el coronel que lidió con el procés sino también a las formas en las que se ha producido teniendo en cuenta que, según las informaciones que constan hasta el momento, fue la actual directora de la Guardia Civil la que le trasladó en la tercera y última llamada del domingo su cese.