Ni hubo mordidas ni sobrecostes en la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Al menos así lo recoge el que fuera consejero de Hacienda del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo, en un escrito remitido a la Audiencia Nacional en el que arremete contra la Fiscalía Anticorrupción por acusarle en esta parte de la macrocausa 'Lezo'. Según considera, el Ministerio Público ha deformado la realidad desde el origen del procedimiento al apuntar que no se siguieron los cauces legales en esta operación de 2001 que supuso un desembolso de 71 millones de dólares.
Tras llegar al final de las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción propuso archivar la causa para el propio Gallardón y los exmiembros del entonces Ejecutivo regional argumentando que consintieron la inversión del Canal en Colombia sin conocer que la misma escondía un "sobreprecio injustificado" de entre 23 y 35 millones de dólares. Sin embargo, hizo una excepción con los también exconsejeros Juan Bravo (Hacienda), y a Pedro Calvo (Medio Ambiente) y pidió que se les juzgue por estos hechos al considerar que ambos conocían los pormenores de esta compra para cual se empleó una empresa panameña. El juez acató el criterio y dio carpetazo a la investigación proponiendo juzgar a Bravo y a otras 21 personas implicadas en esta pieza 1 del procedimiento.
El que fuera presidente de Adif expone en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 recogido por La Información que resulta "arbitrario" y "absolutamente vulnerador de la tutela judicial efectiva" apuntar que se produjo malversación con la inversión de la empresa pública de aguas basándose en el precio de compra de Inassa. Ello es así porque, según expone la defensa de Bravo, los técnicos del Canal valoraron la compra del 75% de la colombiana en 92,5 millones de dólares, lo cual implicaría, según explica, un ahorro en la operación de más de 19 millones.
"Operación intelectual de regla de tres"
En lo que respecta al cálculo de precios, Bravo precisa que carece de sentido comparar la operación de venta de Agbar (a la que pertenecía Inassa desde su creación en 1996) con la adquisición por parte del Canal que se efectuó a través de Canal Extensia. Sobre este asunto reza el documento que "carece de sentido" al tratarse de "una operación intelectual de regla de tres". Igualmente también cuestiona la tesis alcanzada por los investigadores de que los acusados -entre los que también se encuentra el expresidente de la Cámara de Comercio Arturo Canalda- adelantaron en las reuniones de octubre de 2001 los rangos de precio de la inversión del proyecto que se aprobó un mes después.
"Ni en el acta de la sesión del Consejo ni en la referida documentación figura mención al porcentaje de adquisición de ninguna sociedad, por lo que la referencia del Ministerio Fiscal a un supuesto conocimiento de los consejeros está directamente inventada", apostilla Bravo. La Fiscalía sostiene que los exdirectivos del Canal José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras se dejaron convencer por los antiguos gestores de Agbar para efectuar la operación a través de una sociedad interpuesta y que en el dossier que elaboraron para el resto de consejeros del canal obviaron recoger los riesgos que suponía esta compra, lo que provocó un grave perjuicio para la empresa pública de aguas.
"Solo mediante la panameña"
El escrito no obvia el uso que hizo el Canal de la empresa pantalla para formalizar la adquisición y al respecto apunta que la pericial de la causa ha señalado "hasta el aburrimiento" que solo podía llegar a buen término la compra si se hacía mediante la panameña: "No existía la posibilidad de efectuarse de otra forma", precisa. Esta cuestión fue uno de los puntos clave en los interrogatorios practicados por la Fiscalía a los acusados del procedimiento de cara a dilucidar si eran conscientes de los pormenores de la operativa o la respaldaron sin conocer estos extremos. La mayoría coincidió en que no recordaban la interposición de la panameña Aguas de América S.A y que, en cualquier caso, se fiaron del criterio de los técnicos del Canal.
Con todo, el exconsejero de Gallardón recuerda que esta sociedad se disolvió una vez efectuada la compra y que, 20 años después de la misma, no se ha podido demostrar que se produjeran los riesgos de los que han advertido tanto Fiscalía Anticorrupción como los investigadores. Sin embargo, el magistrado Manuel García Castellón les imputa a todos ellos el delito de malversación agravado basándose no solo en el criterio del Ministerio Público sino también en las conclusiones plasmadas por Hacienda, según las cuáles el coste total de la operativa no fue de 73 millones de dólares sino de 97,4 millones.
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