Lunes, 25.03.2019 - 07:43 h
El Ministerio detraerá la jornada de sus salarios

Jueces y fiscales vuelven a la huelga para exigir mejoras salariales e independencia

La ministra se sumó en mayo a las protestas, como fiscal de la Audiencia Nacional y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Imagen cedida por la organización del festival urbano de Vila-real con el gran mural del juez togado hecho por una de las artistas participantes. EFE
Imagen cedida por la organización del festival urbano de Vila-real con el gran mural del juez togado hecho por una de las artistas participantes. EFE

Jueces y fiscales están llamados mañana a una huelga, la segunda este año, para reclamar mejoras salariales y laborales y mayor independencia para un sector que pierde crédito ante la ciudadanía y sigue sin medios, según denuncian las asociaciones convocantes.

Tras colgar la toga el 22 de mayo para protestar por la inacción del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, las siete asociaciones de jueces y fiscales han llamado a un nuevo paro después de reunirse en cuatro ocasiones con el departamento que ahora dirige Dolores Delgado.

La ministra se sumó en mayo a las protestas, como fiscal de la Audiencia Nacional y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y ve ahora cómo sus antiguos compañeros mantienen las movilizaciones, después de que la semana pasada pararan dos horas los letrados judiciales y fueran a la huelga también los funcionarios de la administración de justicia.

La UPF es de nuevo convocante de la huelga junto a las otras dos asociaciones de fiscales y las cuatro de jueces, pero ha marcado distancias con ellas al emitir un comunicado en el que asegura que se ha "conseguido más en cuatro meses que en los siete años anteriores con el Gobierno del PP".

No es contra el Gobierno

El paro, subraya esta organización, "no es contra el Ministerio de Justicia actual, sino como un medio de lograr que los grupos políticos acaben con la situación actual del servicio público de la justicia".

Resume así la falta de margen presupuestario del Gobierno para atender las peticiones salariales del sector y su debilidad parlamentaria para acelerar el trámite de reformas legales que exigen jueces y fiscales para, por ejemplo, derogar el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que limita los plazos de instrucción de los procesos penales.

Delgado ha explicado a las asociaciones que esa reforma se encuentra bloqueada por reiteradas peticiones del PP y Ciudadanos para ampliar el plazo de enmiendas y les ha recordado otras propuestas en trámite parlamentario, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar los permisos y licencias recortados durante la crisis.

Alega además que por primera vez en quince años ha convocado la Mesa de Retribuciones para analizar las reclamaciones de ambas carreras, que aspiran a recuperar el nivel salarial perdido en 2010, pero las asociaciones denuncian que sólo son "maniobras dilatorias" y no ven avances tangibles.

"Todos son promesas y largas", aseguran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Suspensión de vistas y diligencias

La huelga de mayo fue secundada por el 65 % de los más de 5.400 jueces españoles y por alrededor del 52% de los fiscales, lo que obligó a suspender miles de vistas y diligencias en los juzgados. Algunas de las asociaciones convocantes consultadas por Efe no ocultan el temor de que el seguimiento mañana sea menor, pero subrayan la necesidad de la protesta mientras aumenta el desprestigio de la justicia en la sociedad.

Su listado de reivindicaciones es idéntico al de mayo y está encabezado, recuerdan, por la necesidad de reforzar la independencia judicial y reformar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo control, denuncian, acaban de repartirse de nuevo el PP y el PSOE.

Su derecho a la huelga no está regulado y por primera vez el Ministerio de Justicia ha anunciado que se detraerá de sus salarios la jornada de paro, al tiempo que ha pedido al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que fijen servicios mínimos. No lo han hecho, por esa falta de regulación, pero la Fiscalía sí ha ordenado que se cumplan todas las actuaciones "urgentes o inaplazables" o que afecten a derechos fundamentales para evitar "daños irreparables".

Mientras el Ministerio acusa a jueces y fiscales de romper el diálogo de forma unilateral, cinco asociaciones -en este caso además de UPF se ha desmarcado la progresista JJpD- han acusado a Justicia de intentar "amilanar" a ambas carreras avisando de que pueden romperse las negociaciones en marcha, "advertencias que recuerdan épocas ya superadas de nuestro país en que el derecho de huelga no estaba garantizado en la Constitución".

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