Zaragoza, 10 feb.- La asociación Jueces para la Democracia considera que la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al juez Baltasar Garzón durante 11 años para ejercer su profesión por las escuchas a los letrados del caso Gurtel es "razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico".
Así lo ha asegurado hoy el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, a la conclusión de una reunión de la comisión ejecutiva permanente de la asociación celebrada en Zaragoza para analizar las reformas anunciadas en el Congreso por el ministro de Justicia.
Ramírez ha defendido el derecho de las personas a discrepar de las resoluciones judiciales en un sistema democrático, pero ha expresado su rechazo a los ataques personales o de tipo denigrante al tribunal o hacia los magistrados que los conforman.
En su opinión, las legislación española adolece de una normativa legal deficiente en cuanto a las medidas que puede adoptar un juez instructor en materia de escuchas, registros o intervenciones, por lo que ha considerado imprescindible una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tras admitir que los hechos enjuiciados por el tribunal son graves ya que Garzón carecía de indicios para ordenar las grabaciones, el portavoz ha descartado que esta sentencia siente un precedente, aunque ha añadido que será positiva "si los jueces adoptan medidas mejor argumentadas".
Ramírez no ha entrado a ahondar en el contenido de la sentencia, aunque ha advertido de que los derechos fundamentales sustantivos son elementos "esenciales" del ordenamiento jurídico de un Estado de derecho, y ha resaltado que "ningún proceso judicial puede calificarse de legítimo si no respeta en su desarrollo esos derechos o los menoscaba".
Por esta razón, ha insistido en la necesidad de abordar una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un texto legal que, según ha afirmado, adolece de una regulación "pésima y deficiente".
A su juicio, la sentencia del Supremo es, por tanto, "inobjetable" y evidencia que los jueces también están sometidos al imperio de la ley.
Ha resaltado, además, que textos de jurisprudencia internacional regulan de una manera precisa la intervención de las telecomunicaciones, una cuestión aún pendiente de resolver en España, ha añadido.
Ha rechazado, además, que Baltasar Garzón sea el único juez que haya sido enjuiciado por otros tribunales por la adopción de medidas no ajustadas a derecho, aunque ha insistido en la especial gravedad de los hechos analizados por el Supremo.
En su opinión, "no es lo mismo una resolución que se adopta con una motivación insuficiente que otra que afecta a derechos fundamentales sin ningún motivo ni indicios, una conducta que es grave".
Ramírez ha expresado la preocupación de Jueces por la Democracia por los fenómenos de corrupción, al entender que "repercute en todos los aspectos de una sociedad, le causa un gravísimo perjuicio y puede afectar a la propia estructura política que permite nuestra convivencia".
A este respecto, ha considerado necesario que los poderes públicos establezcan los mecanismos precisos para favorecer la persecución de la corrupción "por las enormes dificultades que ésta entraña cuando pueda estar vinculada al propio poder político".
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