El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la solicitud del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de declarar como testigo por escrito en la causa en la que se investiga la infección de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres ministros con la herramienta informática Pegasus. No obstante, el magistrado le ha sugerido hacerlo por videoconferencia para poder realizar una comparecencia con "interacción visual, auditiva, y verbal", lo que permite poder interrumpir o repreguntar durante la declaración si fuera necesario, y asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional citó a Bolaños a declarar el próximo 5 de julio como testigo en el marco de la investigación abierta por la infección con el programa espía del mismo nombre de los móviles de Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como el intento fallido en el de Luis Planas (Agricultura), en mayo y junio de 2021.
Ese día ya adelantó La Información que el que fuera secretario general de la Presidencia del Gobierno tenía encima de la mesa la posibilidad de solicitar permiso para responder "por escrito" a las preguntas del magistrado instructor y así evitar que los medios de comunicación puedan capturar su imagen entrando en sede judicial. El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que "el presidente y los demás miembros de Gobierno", entre otros cargos públicos, "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".
Ahora, en un auto hecho público este jueves, el juez afirma que la ley permite esa declaración por escrito, pero le plantea hacerlo por videoconferencia "para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad, con una interacción visual, auditiva y verbal con el testigo, y en unidad de acto". Así, Calama acepta su propuesta, pero le deja claro que sería mejor hacerlo por videoconferencia y le ofrece que elija las fechas y las horas a las que puede hacerlo "sin alteración de las funciones inherentes a su cargo".
Recuerda el juez que el Tribunal Supremo ya ha señalado que "el proceso penal no ha podido sustraerse al avance de las nuevas tecnologías, y la utilización del sistema de videoconferencia para la práctica de actos procesales de indudable relevancia probatoria, forma parte ya de la práctica habitual de los Tribunales de justicia". Bolaños tiene tres días para decidir si declara por videoconferecia o mantiene su decisión de acogerse al "privilegio procesal" que, como miembro del Gobierno, le otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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