El juez cita como testigo al ministro Félix Bolaños en el 'caso Pegasus'

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como testigo el próximo 5 de julio al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la causa en la que investiga el espionaje con el programa Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska entre mayo y junio de 2021. Se trata de una de las varias declaraciones testificales que el magistrado está recabando para aclarar quién y porqué se infectaron los dispositivos de los miembros del Gobierno. El pasado viernes, el instructor tomó declaración a la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, cesada a raíz de la polémica por el uso de dicho programa informático para investigar al menos a 18 líderes independentistas.

Según han informado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a Bolaños, ministro que en el momento de la infección se encargaba de la seguridad de las comunicaciones, en un auto en el que también ha acordado levantar el secreto de sumario de la causa. La investigación se inició a principios del pasado mes de mayo, tras admitir una querella de la Abogacía del Estado por la comisión del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos y, a lo largo de este mes, ha estado bajo secreto, tal y como lo solicitó la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

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Para seguir recabando información, el juez Calama también ha decidido ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel, donde se encuentra la sede de NSO Group, empresa que ha desarrollado y comercializa el programa espía. Una de las primeras diligencias que el magistrado ordenó fue pedir información sobre la herramienta informática a dicha compañía, si bien ahora el instructor considera pertinente encabezar una delegación judicial que se desplace hasta ese país para tomar declaración como testigo al director general de la empresa. Cabe recordar que el juez de Barcelona que investiga un 'hackeo' similar al expresidente del Parlament Roger Torrent ha cerrado la causa provisionalmente a la espera de que llegue la información que solicitó hace un año y medio a las autoridades israelí.

El magistrado de la Audiencia Nacional abrió una investigación hace un mes al considerar que el espionaje a través de Pegasus podría estar relacionado con un delito sobre "descubrimiento y revelación de secretos" y "contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio". De acuerdo a los informes del Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- que acompañaban la primera denuncia de la Abogacía del Estado, las infecciones de los terminales de los miembros del Ejecutivo coincidieron con la crisis migratoria y diplomática con Marruecos que tuvieron lugar a mediados de 2021. En concreto, "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)" y "el dispositivo móvil de la ministra de Defensa analizado fue infectado por Pegasus en junio de 2021".

Autorización del Gobierno

Tras analizar los dispositivos de todos los miembros del Gobierno, la Abogacía del Estado presentó una ampliación de denuncia para constatar que también en junio de ese año se había conseguido 'entrar' ilícitamente en el teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que y habían detectado un intento fallido en el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas. El juez de la Audiencia Nacional ofreció a los miembros del Ejecutivo perjudicados personarse en la causa, pero todos ellos lo han rechazado. Quien sí solicitó personarse como acusación fue la Generalitat de Cataluña, si bien el juez Calama ha denegado hasta en dos ocasiones esta posibilidad. De este modo, solo la Abogacía del Estado -en representación al Gobierno- y la Fiscalía se encuentran como parte en el procedimiento.

A lo largo de este mes que lleva en curso la investigación, el juez José Luis Calama ha tomado declaración como testigos a Paz Esteban y al funcionario del CNI encargado de elaborar los informes sobre este asunto, según han informado fuentes jurídicas. Todo ello después de que el Consejo de Ministros, a petición del magistrado de la Audiencia Nacional, autorizase el pasado 24 de mayo al servicio de inteligencia a contar al magistrado de la Audiencia Nacional la información confidencial que conozca sobre el asunto para poder esclarecer quién se encuentra detrás del 'hackeo' de los teléfonos móviles.