Juez español cita jefe de seguridad iraquí por ataques a campo de refugiados

Madrid, 18 dic.- El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu ha citado a declarar el próximo mes mayo al asesor de seguridad nacional de Irak, Faleh al Fayad, por dos ataques perpetrados por fuerzas iraquíes contra el campo de refugiados para disidentes iraníes de Ashraf, en los que murieron 87 personas.

Fuentes jurídicas informaron hoy que esta citación se produce después de que el juez admitiera a trámite el pasado noviembre una ampliación de la querella referida a dos ataques por parte de fuerzas militares y policiales iraquíes al campo, ubicado en la provincia de Diyala (al noreste de Bagdad).

Uno de los asaltos ocurrió el 1 de septiembre pasado y en él murieron 52 personas, y el otro tuvo lugar el 8 de abril de 2011 y fallecieron otras 35 personas.

Amparado en la jurisdicción universal, el tribunal español aceptó investigar la querella presentada por dos víctimas y la organización opositora iraní "Muyahidín Jalq" (combatientes del pueblo) contra Faleh al Fayad como responsable del campo de refugiados, protegidos por la IV Convención de Ginebra.

Según documentos judiciales sobre el caso, las víctimas afirman que Al Fayad tomó el mando del campo en mayo de 2010, cuando pasó a presidir el "Comité para Ashraf" de la Oficina del Primer Ministro de Irak, Al Maliki, y que desde entonces tenía conocimiento de todo lo que allí ocurría, incluyendo "muertos, heridos, bombardeo acústico, privaciones alimentarias y sanitarias".

"En la jerarquía civil y militar es el primer responsable de la operación del 8 de abril de 2011", afirman los querellantes, que explican que ese día Al Fayad no autorizó a la ONU a acudir al lugar para ver lo que estaba pasando.

A lo largo de 2012 y 2013, prosiguen, los miembros del citado comité, "han obligado al desplazamiento forzoso de la mayor parte de los residentes de Ashraf, contra su voluntad y bajo amenazas de nuevas masacres, a una inhóspita base militar abandonada cerca de Bagdad, conocida como 'Camp Liberty'".

En cuanto al ataque de septiembre de este año, los querellantes explican que las fuerzas militares que ocuparon el campo de refugiados "permitieron el asesinato a sangre fría de 52 residentes" que tenían el estatus de protegidas por los convenios de Ginebra y otras siete fueron secuestradas, sin que se sepa dónde están.

La ONU ha pedido en dos ocasiones al Gobierno iraquí que realice una investigación creíble sobre este ataque perpetrado contra el campamento de refugiados iraníes, que acogía en los años 60 a refugiados muyahidines.

En el auto admitiendo la querella, el juez Andreu cree que estos hechos podrían constituir infracciones graves de la Convención de Ginebra, en concreto sobre refugiados políticos y delitos de homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos.