El magistrado Juan José Escalonilla ha dado carpetazo a la investigación abierta contra Podemos por delito de administración desleal en lo que a la presunta caja b se refiere. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Plaza de Castilla considera que no hay indicios suficientes para seguir indagando las irregularidades denunciadas en relación a la caja de solidaridad de la formación morada, siguiendo de este modo el criterio de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
"Cabe por último destacar que no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos en incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias contempladas como subvencionables por dicha caja de solidaridad", reza el auto del magistrado al que ha tenido acceso La Información. El instructor abrió causa el pasado mes de agosto tras una denuncia interpuesta por el exabogado de la formación José Manuel Calvente. Desde entonces, ha indagado los pagos a la consultora Neurona, presuntos sobresueldos y la gestión de los fondos de la caja de solidaridad.
En el marco de las diligencias, el magistrado imputó a la gerente de la formación Esther Val, al tesorero Daniel de Frutos y al secretario de comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo. Con el avance de las pesquisas, provenientes de la denuncia interpuesta en Barcelona, el Ministerio Fiscal se posicionó pidiendo la investigación a la formación únicamente en lo relativo al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la mercantil Neurona Consulting. En ese primer escrito, presentado a primeros de septiembre, apuntaron que las otras cuestiones denunciadas no eran más que "rumores, sospechas o suspicacias". En un segundo escrito conocido esta semana, el Ministerio Público solicitó que se mantuviera la imputación por financiación irregular no porque hubiera indicios, sino porque lo consideraba "más garantista".
No hay administración desleal
Ahora, el magistrado atiende la petición de la formación morada y concluye que no debe seguir investigando la parte relativa a la salida de fondos de la caja de seguridad. En concreto, se denunció que se podrían haber extraído 50.000 euros para la empresa #404 Comunicación Popular. Calvente expuso en su denuncia inicial que dicha entidad estaba controlada por un asistente de Podemos en el Parlamento Europeo vinculado de manera directa a la eurodiputada Idoia Villanueva y a Rafael Mayoral, diputado de la formación morada. El magistrado abrió una vía de investigación en aras a esclarecer si se había cometido delito de administración desleal al tratarse de una entidad vinculada a Podemos. Por ello ordenó a la Policía Judicial adscrita a su juzgado que investigara de cerca a Comunicación Popular así como sus miembros y el movimiento de los fondos.
Las pesquisas policiales pusieron de manifiesto que la mayoría de personas que forman parte de este ente son a su vez miembros de Podemos, algunos con cargos dentro del partido. El magistrado Escalonilla solicitó a la formación que lidera Pablo Iglesias que aclarase si había concedido la solicitud de 50.000 euros desde la caja de solidaridad pero el partido no respondió a la diligencia. La investigación puesta en marcha permitió acreditar que la asociación recibió tres transferencias de 10.000 euros cada una ordenadas desde Podemos entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Ahora bien, el juez acredita que no existe ningún indicio de que Comunicación Popular no desarrolle la actividad para la que fue constituida (proyecto de comunicación que reivindica movimientos populares) ni tampoco que el dinero que recibió del partido no fuera para la actividad para la que fue contratado.
No obstante, y a título aparte, el titular del juzgado 42 ha imputado al administrador de UP, Carlos García Ramos, por los pagos que se efectuaron desde el partido a la consultora Neurona. En un auto separado al que ha tenido acceso este diario, se le cita a declarar para el próximo 13 de noviembre al figurar como mancomunado en la cuenta bancaria desde la que se habrían abonado 369.000 euros por el contrato firmado con la sociedad en mayo de 2019. Según explica, en este caso costaría indiciariamente acreditado que el precio fijado "no tuvo como finalidad el pago de servicio alguno" prestado por Neurona con ocasión de las elecciones generales de abril de 2019, pese a que se calificó como gasto electoral.
Fin de la batalla con Calvente
Contra el auto que archiva una parte de las pesquisas cabe la posibilidad de interponer recurso por las partes personadas, entre las que se encuentra el partido político Vox. El auto, que lleva por fecha el pasado 20 de octubre, se conoce después de que el partido haya cerrado un capítulo abierto con José Manuel Calvente. El letrado, despedido hace cerca de un año por denunciar presuntas irregularidades en el seno de la formación, ha llegado a un acuerdo con Podemos que se materializará con el pago de una indemnización y el reconocimiento de que el despido fue improcedente. Calvente expuso que era víctima de una campaña de acoso así como que las denuncias que interpuso su compañera dentro del equipo legal, Marta Flor, eran falsas.
El juzgado de Madrid que investigó si había cometido acoso laboral y sexual contra Flor -exabogada de Pablo Iglesias- dio la razón al letrado y archivó el caso asegurando que la querella era fiel reflejo de la lucha de poder interna. Ahora, la victoria judicial de Podemos se suma al criterio de la Fiscalía Anticorrupción de no abrir causa contra Iglesias y otros miembros del partido en el Tribunal Supremo. El magistrado del caso Villarejo envió una exposición razonada a la Sala de lo Penal al considerar que pudo cometer tres delitos en el marco de la investigación por el robo del teléfono de su exasesora Dina Bousselham. A falta de conocer el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, desde Anticorrupción consideran que no puede prosperar por falta de indicios.
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