El magistrado Juan José Escalonilla ha dado carpetazo a otra pata más de la investigación abierta el pasado verano contra Podemos. En concreto en esta ocasión ha archivado la parte relativa a la reforma de la sede del partido al contrastar que no cometió delito alguno con las obras, pese a que no existiera una licitación pública real. Así lo acredita en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que explica que la formación que lidera Pablo Iglesias realizó una contratación directa a seis mercantiles para las obras del edificio e incumplió la ley sobre financiación de partidos políticos sin que ello tenga una derivada penal.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid cierra por tanto esta vía de investigación al igual que hiciera con la relativa a la supuesta caja 'b' del partido o con los contratos con la consultora portuguesa ABD Europa. No obstante, en un auto separado acuerda mantenerle imputado en este procedimiento en relación a las contrataciones con la firma Neurona Consulting para las elecciones de abril de 2019. De este modo tumba la pretensión de la defensa de la formación, que reitera que los pagos se abonaron en base a servicios reales prestados para la campaña electoral de esos comicios e insiste en que esta vía debe seguir abierta en aras a esclarecer si fue o no un contrato simulado.
En lo que respecta a la reforma de la sede, el magistrado se ampara en los testimonios de los socios de las mercantiles implicadas en las obras. Al respecto explica que queda acreditado que conocían de antemano al arquitecto Manuel Enrique Campos y cómo este les trasladó que le habían adjudicado el contrato que se firmó en junio de 2019. Campos, que también compareció en sede judicial como testigo, les contactó para comunicarles que se les había adjudicado la ejecución de partidas que iban desde obras de carpintería a instalación eléctrica o ventilación y climatización. En lo que respecta al precio del proyecto (que se presupuestó en 649.936 euros pero finalmente costó 1,3 millones) el instructor descarta también delito y sentencia que se debió a cambios en la valoración de la remodelación.
El ordenador clonado
Se trata de una tesis que han defendido en sede judicial los miembros del partido imputados en este procedimiento penal. Incluso el propio arquitecto razonó que se fijó este baremo en base a una aplicación informática de la Comunidad de Madrid sobre los costes de edificación. Ahora, el magistrado concluye en su auto que el presupuesto inicial no se produjo conforme al valor del mercado "con la finalidad, cabe entender, de pagar un importe inferior por el impuesto de construcciones". Aclarado pues el motivo de esta diferencia de precios, el magistrado Escalonilla descarta que el sobrecoste se destinara "a pagos ajenos" a las obras del rehabilitación del edificio del partido que se encuentra en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo.
En el mismo auto el juez zanja también la investigación sobre un presunto delito de revelación de secretos al haberse accedido sin permiso al ordenador de Marta Flor, abogada del equipo jurídico del partido. Según explica el instructor, el letrado despedido de la formación, José Manuel Calvente, denunció que, en octubre de 2019, dos empleados de la empresa informática Virtua Sistemas Inteligentes S.L clonaron el disco duro del ordenador por orden de la mano derecha del líder de Podemos, Juan Manuel del Olmo, y a instancias de Alberto Rodríguez, actual secretario de organización de Podemos. Calvente, que ganó a Flor en los tribunales tras su denuncia por acoso, plasmó en su denuncia que el objetivo era descubrir si ésta guardaba información comprometedora de Rodríguez con la que pudiera chantajearle. El magistrado concluye que al no haber denuncia de la perjudicada, el asunto decae.
Despidos sin ética
En lo que respecta a la pretensión de la formación de que se archive la investigación como persona jurídica, el magistrado razona que su programa de compliance no resulta eficaz. Explica el instructor que no puede levantarle la imputación porque, tras analizar toda la documental aportada por la formación, se llega a la conclusión de que no se ha aplicado correctamente el programa de cumplimiento normativo. Y ello porque no se informó correctamente de posibles infracciones que pudiera cometer el partido a Mónica Carmona, abogada despedida de la formación por denunciar irregularidades, según dijo ella misma en sede judicial.
De hecho, argumenta el auto que "consta acreditado" que se celebraron reuniones mensuales con Carmona, entonces responsable de cumplimiento normativo. Aunque la finalidad real de estos encuentros era informarle de las actuaciones del partido para que ella supiera si se cometía o no infracción, lo cierto es que no se le dio traslado de asuntos tan importantes como la contratación por parte de Gerencia de las empresas que realizaron las obras de la sede o la adjudicación a Neurona Consulting para las elecciones de abril de 2019. Dice el instructor que Carmona se enteró de estos hechos gracias a que algunos empleados así se lo contaron y ello le llevó a abrir expedientes de investigación que fueron, a su vez, los que provocaron su despido de la formación morada.
"Cabe añadir el cese fulminante tanto de la responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, como del delegado de Protección de Datos, Juan Manuel Calvente, que actuaba como colaborador de aquella, en cuanto se tuvo conocimiento de las investigaciones llevadas a efecto por su parte, lo que además de infringir la autonomía de dicho órgano del partido, resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o la cultura de cumplimiento de las normas legales", reza el segundo de los autos. El magistrado concluye que, el partido debe seguir siendo investigado ante la posibilidad de que algunos de los imputados hubieran cometido delito de financiación ilegal.
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