El próximo año 2021 se antoja clave para Podemos en lo que respecta a la investigación penal abierta en un juzgado de Madrid por presunta financiación irregular. En estos seis meses, las pesquisas que dirige el magistrado Juan José Escalonilla se están centrando cada vez más en la contratación de la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019. Las declaraciones practicadas hasta la fecha y la documentación recabada permiten apuntar a una persona clave en toda esta situación que puede arrojar mucha luz sobre el inicio de la contratación y sobre el destino final de los fondos. Se trata de César Hernández, fundador de Neurona y cuyo testimonio ha declinado escuchar el instructor, al menos, por el momento.
Así consta en un auto del pasado 16 de diciembre en el cual responde a la petición del partido Vox , que figura como acusación popular. El nombre de Hernández saltó a la palestra cuando el responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, se refirió a él en su interrogatorio del pasado 20 de noviembre. Del Olmo, que fue jefe de campaña de dichos comicios, negó irregularidades en esta contratación (por la que abonaron 363.000 euros) y explicó que los conoció porque le contactó un año antes Hernández con el fin de ofrecerle sus servicios audiovisuales. El fundador de Neurona le enseñó otros trabajos realizados en Latinoamérica y Del Olmo finalmente accedió a contratarle tanto por afinidad ideológica como por el hecho de que habían diseñado una campaña especialmente ambiciosa para Iglesias y necesitaban más recursos de lo habitual, según dijo al juez.
Sus revelaciones provocaron que la acusación popular solicitara la imputación del fundador de esta consultora vinculada a la izquierda latinoamericana. La finalidad es que aclare si los pagos que recibió correspondían a trabajos reales o bien no hubo una actividad real y se utilizó como empresa pantalla para desviar este dinero a terceros. De hecho, Neurona España giró parte de este dinero a Creative Advice Interactive Group, empresa que según informó El Confidencial, guarda relación directa con el proveedor electoral del presidente de México, Andrés López Obrador.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 resolvió que no se le va a citar hasta practicar más diligencia sobre este tema. Entre ellas destaca el estudio de las pruebas clave aportadas por Podemos. Se trata de un listado con el desglose de los 1.471 'productos' que el partido entregó al juzgado en verano relativos todos ellos a pruebas, grabaciones o producción de datos.
Pendientes de la Audiencia
De este modo, la causa penal que se abrió el pasado mes de agosto con varios frentes contra Podemos, se ha ido acotando hasta centrarse en la contratación de Neurona y la reforma de la sede. En este tiempo, el magistrado instructor ha archivado tanto la investigación relativa a una presunta caja 'b' como la de los contratos suscritos por el partido con la consultora portuguesa ABD Europa LDA. Escalonilla, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, dio carpetazo a estas dos líneas de investigación al considerar que no queda acreditada la comisión de administración desleal por el pago de 50.000 euros desde la caja de solidaridad a la empresa #404 Comunicación Popular. El instructor destacó que miembros de Podemos pertenecían a este ente pero dijo que no era "ni raro ni anómalo" que la formación le contratara siempre y cuando el pago respondiera a un trabajo real, como así pareció ocurrir.
Cuestión diferente es el encargo a Neurona así como el asunto relativo a la reforma de la sede. De hecho, sobre este último punto, el pasado 16 de diciembre el instructor volvió a requerir al partido que lidera Pablo Iglesias para que presentara la liquidación de la licencia de obra en relación a la reforma del edificio. El objetivo de los investigadores aquí es aclarar si hubo sobrecoste en este trabajo que se licitó por 650.000 euros pero que acabó costando 1,3 millones de euros. Según expuso en calidad de testigo el arquitecto Manuel Enrique Campo, fijó este baremo en base a una aplicación informática de la Comunidad de Madrid sobre los costes de edificación. Con todo, los cargos de Podemos imputados en la causa (entre los que se encuentran la gerente Rocío Esther Val y la responsable de compras Andrea Deodato) han negado irregularidades en relación con este asunto.
Tanto es así que la defensa legal de la formación morada ha pedido el archivo de su causa pese al rechazo tanto del juez como de la fiscal Lorena Álvarez. La misma expuso en su respuesta de octubre que, pese a no hallar indicios de financiación irregular, es conveniente que el partido siga figurando como imputado en este procedimiento penal porque resulta "más garantista". Dijo al respecto, que si no estuviera en la causa, no podría pedir pruebas o interponer recursos, como ha hecho hasta el momento. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ya ha deliberado en relación al recurso de Podemos para archivar el caso, si bien ahora queda escuchar su dictamen.
Batería de diligencias
Con todo, el magistrado sigue impulsando sus diligencias. De hecho, en el mismo auto que declinó citar a Hernández, acordó una batería de actuaciones y testificales de entre las que destacan el encargo a la UDEF para que investigue las cuentas bancarias de los titulares de Neurona en España Elías Castejón y Germán Cobo Pío. Este último declarará como testigo junto con Waldemar Aguado Butanda en calidad de socios de la consultora, tal y como adelantó Ok Diario. El instructor ha encargado a la Policía Judicial, como paso previo a su citación, que localicen el domicilio de ambos en aras a notificarle el auto. Además, otra de las vías que abre el instructor es requerir a Mónica Carmona, abogada despedida de la formación, los expedientes en los que denunció las irregularidades que ahora investiga el juzgado.
Así, mientras Podemos despide este 2020 en pleno avance del caso, se da la paradoja de que otro que también le ha salpicado se cierra por completo. Se trata del que se incoó contra el 0tro abogado despedido de la formación José Manuel Calvente. Un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite una denuncia contra el letrado por parte de una excompañera del equipo jurídico del partido Marta Flor, por acoso laboral y sexual, entre otros delitos. La magistrada instructora, Rosa María Freire, archivó estas diligencias siguiendo el criterio de la Fiscalía y al considerar que la querella que interpuso la que fuera letrada de Pablo Iglesias obedecía a una lucha de poder interna. El último paso se ha producido en la Audiencia Provincial de Madrid, la cual respaldó a la instructora y ahora vuelve a hacer lo propio al desestimar el recurso de Flor para reabrir el caso.
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