Juez posterga a 2012 vista en caso contra exmilitar salvadoreño

Washington, 19 dic.- El juez federal Douglas Woodlock postergó hoy hasta enero próximo una vista en el caso contra el ex militar salvadoreño Inocente Orlando Montano, vinculado con la matanza de seis jesuitas en 1989 y acusado en EE.UU. de dos cargos de perjurio y fraude migratorio.

Montano, de 69 años, había acudido hoy ante Woodlock para responder a los cargos de haber hecho declaraciones falsas en formularios de inmigración y de cometer perjurio para de esa forma permanecer en Estados Unidos.

Pero Woodlock postergó la audiencia hasta el próximo 11 de enero, según indicó en su cuenta de Twitter la abogada Carolyn Patty Blum, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés), un centro humanitario que ha seguido de cerca el caso.

Según fuentes allegadas al proceso judicial, Montano, a través de un intérprete, tenía previsto declararse culpable de los dos cargos.

"Al principio, la fiscalía y la defensa habían logrado un acuerdo para que Montano se declarara culpable de un cargo de fraude migratorio y otro de perjurio... no se llegó a un acuerdo sobre qué sentencia obtendrá Montano, aunque éste aceptaría la deportación a El Salvador", dijo a Efe una fuente judicial que pidió el anonimato.

Cuando Woodlock enumeró a Montano los derechos a los que renunciaba durante el juicio y el requisito de que se declarase culpable a todos los elementos del crimen, las cosas cambiaron, agregó la fuente.

"A través de su abogado dijo que él no mintió intencionalmente en su formulario del TPS respecto a su participación en el Ejército salvadoreño. Previamente le había hablado al juez de sus 30 años en el Ejército... el juez abruptamente le pidió a la defensa que regrese a la corte el 11 de enero", precisó.

Durante la vista, Woodlock hizo mención del caso contra Marko Boskic, vinculado con una matanza de 1200 personas en Srebrenica y condenado en EE.UU. también por fraude migratorio.

Montano ha estado en EE.UU. desde al menos 2001. En 2002, solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que EE.UU. da a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.

Los documentos presentados en el tribunal indican que tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona, o haber recibido capacitación militar.

El cargo de perjurio se debe a que Montano, de hecho, fue miembro de la clase militar de 1966, conocida como "La Tandona" y que contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1979-1992).

Montano estuvo al frente de varios batallones y brigadas del Ejército hasta que fue ascendido a viceministro de Seguridad Pública (1989-1992). Se retiró del Ejército en 1994.

Un documento presentado el pasado 29 de noviembre citó un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que asegura que hubo "pruebas sustanciales" de que Montano conspiró con otros oficiales del Ejército para planear y emitir una orden para la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta.

En noviembre de 1989, los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón dentro del campus de la Universidad Centroamericana.

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno español acordó solicitar la extradición de quince de ex militares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.

El CJA ha dicho que continúa trabajando con las autoridades de EE.UU., El Salvador y España, "para asegurar que se cumplan las solicitudes de extradición y que, tras 22 años, los responsables de este atroz crimen rindan cuentas".

Con sede en San Francisco (California), el CJA recurre a los tribunales para llevar ante la Justicia a personas implicadas en violaciones a los derechos humanos, y promueve el imperio de la ley en países en vías de transición de períodos de abuso.