Segunda imputación de un testigo en el caso Popular. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha decidido citar como investigado al exdirectivo de riesgos del banco extinto, Carlos Fernández, que este mismo jueves acudía a declarar a la Audiencia Nacional. Cuando llevaba una hora respondiendo a las preguntas, el juez ha provocado este giro recordándole que se produce, en parte, por la existencia de un correo electrónico al que se refirió otro exalto cargo del Popular en el que se le atribuye una operación de financiación de acciones con el Grupo Villar Mir.
La declaración de Fernández ya ha comenzado con la advertencia del juez acerca de que "por el momento" le escucharía como testigo. Según las fuentes consultadas por este diario, tras más de una hora de testimonio, el actual responsable de riesgos de la dirección territorial de Castilla-La Mancha del Santander, ha comenzado a referirse al episodio de la financiación de acciones. Este es uno de los asuntos que indaga Anticorrupción en aras a aclarar si hubo instrucciones veladas desde la antigua cúpula del Popular para que los clientes participaran en la ampliación de capital de 2016 con dinero prestado por el banco.
Preguntado por su conocimiento sobre el tema, Fernández ha dicho que la financiación estaba prohibida por determinados estamentos y que solo podía sancionar la Comisión Delegada del Consejo de Administración. El exdirectivo del Popular ha explicado que, de haber tenido lugar esta financiación a inversores, se tendría que haber deducido del capital regulatorio, hecho que no se produjo, según denuncian algunos imputados los cuáles explican que ese fue uno de los motivos por los que se tuvieron que reexpresar las cuentas. Con todo, fue el momento en que ha dicho que no existieron alertas para detectar estos posibles movimientos cuando el juez le ha instado a terminar trasladándole que, para garantizar sus derechos, tenía que imputarle.
El magistrado ha hecho alusión a un correo electrónico al que se refirió esta misma semana en sede judicial Heraclio Peña. El que fuera vicesecretario del Consejo de Administración del Popular también dejó caer que no se investigó a fondo este capítulo y se refirió además a propuestas concretas como una que implicaría al Grupo Villar Mir y que atribuyó al propio Fernández. De este modo, se acuerda la segunda imputación de un testigo en este procedimiento penal después de que la pasada semana ocurriera lo propio con la exjefa de auditoría interna del Popular, Yolanda García.
El juez que investiga los pormenores de la caída del Popular dio impulso a esta parte concreta del procedimiento tras escuchar en sede judicial y por primera vez en tres años a clientes del Popular que sí participaron en la ampliación de capital. Muchos de ellos explicaron que recibieron una financiación extra para poder participar en la operativa. A veces, se trató de ampliación de préstamos según expusieron estos clientes, entre los que se encontraban el presidente de Calatrava Real State, Luis Cort. Sin embargo, negaron presiones para participar aunque sí confesaron que los directores de las sucursales les incentivaron a ello.
Tras estas declaraciones, el juzgado acordó requerir al Santander, en calidad de heredero del Popular, los nombres de los consejeros y miembros del comité de dirección del banco extinto que participaron en la ampliación de 2016. Igualmente también pidió que se le informara si tenían operaciones en activo como el Popular, como préstamos o pólizas, y que las acreditaran de ser así. Esta diligencia vino seguida de la imputación de un total de cinco exdirectivos del banco a quienes interrogará el próximo mes de enero. En su auto, el juez se refirió a los testigos que comparecieron semanas atrás y dijo que aseveraron "de forma inequívoca" que se les ofreció sin ambages financiación para participar en este operación de 2.505 millones de euros.
Se da la circunstancia de que una de las personas imputadas entonces es el exdirector general de Riesgos del Popular, José María Sagardoy. En su testifical de este jueves, Fernández lo ha mencionado cuando ha explicado que trabajó como responsable de Admisión de Riesgos de Crédito. En la fase de interrogatorios, los imputados también fueron preguntados por este asunto concreto. Así, el último presidente del banco, Emilio Saracho, dijo que Francisco Gómez (exnúmero dos de Ángel Ron) ordenó financiar con 400 millones de euros la compra de acciones por parte de inversores del Popular y que ello tuvo un impacto en las cuentas de 700 millones de euros; lo que le llevó a emitir un hecho relevante ante la CNMV en abril de 2017.
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