Los bancos que se interesaron en mayo de 2017 en el Banco Popular están cumpliendo con el requerimiento de la Audiencia Nacional que investiga el proceso de resolución de la entidad. Por ese motivo, algunos de ellos han aportado al juzgado el análisis efectuado hace ahora más de tres años ante una previsible compra del banco. De este modo, Bankia ha entregado al magistrado José Luis Calama Teixeira un denso informe que encargó a EY en el que desglosa punto a punto los aspectos candentes del banco. La consultora puso el foco en aspectos clave como las tasaciones inmobiliarias o las necesidades de capital y concluyó que el 78% del total de asuntos analizados suponían un claro riesgo para la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.
El objetivo del magistrado es estudiar qué información tenían los cuatro bancos interesados en el Popular -Bankia, Sabadell, Santander y BBVA- y por qué ninguno lo compró pese a que, dos meses después, fue resuelto y adquirido por la entidad de Ana Botín al precio simbólico de un euro. De este modo, tanto la presidenta del Santander como Rodrigo Echenique han comparecido en sede judicial y han explicado en calidad de testigos que no tuvieron información privilegiada en esta operación, sino que rechazaron comprar en mayo porque no veían claro el futuro del Popular. Otro de los que tampoco se decantó por la adquisición fue Bankia. El banco que acaba de dar luz verde a la fusión con CaixaBank no lo vio claro debido a las advertencias de la consultora, la cual desgranó en un total de 88 puntos la letra pequeña de la información que el Popular puso a disposición de potenciales compradores a través de la herramienta VDR (Virtual Data Room).
De los cerca de 90 puntos analizados, solo destaca tres como positivos frente a 69 que podrían ser negativos para Bankia, de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso La Información. El informe se estructura en cuatro secciones (financiera, fiscal, legal y laboral) y se elaboró en seis días aunque, según advierte la consultora, una 'due diligence' de este calibre hubiera necesitado entre ocho y diez semanas de trabajo. Según sus conclusiones, se harían necesarios ajustes de capital de entre 11.244 millones y 17.700 millones de euros en el hipotético caso de un escenario más estresado. La consultora explica que se revisaron un total de 130 expedientes de crédito del VDR que representan 9.386 millones de exposición; de ellos cerca de la mitad están relacionados con el ladrillo.
El talón de Aquiles del Popular
Precisamente el inmobiliario fue uno de los grandes problemas de Popular. EY analizó para Bankia las amenazas -'red flags'- de una posible operación sobre el antiguo banco que capitaneaba Emilio Saracho y señaló un impacto mínimo en el mejor de los escenarios de 4.026 millones de euros con el único fin de homogeneizar las provisiones de la cartera de Popular con las de la de Bankia y ajustar el valor razonable. Esta cuantía se elevaba hasta los 7.622 millones en el peor de los escenarios contemplados y ello incluyendo la provisión que se realizó por la cartera Sunrise. Este proyecto fue una de las apuestas del expresidente del Popular Ángel Ron para desprenderse de los activos vinculados al ladrillo y así lo defendió en su interrogatorio ante el juez en octubre del año pasado, donde dijo que fue un ejemplo en Europa.
En estos meses previos a la resolución, Popular contaba con una cartera inmobiliaria muy importante fruto de los coletazos de la crisis de 2008 que aún persistía en sus balances y que se había deteriorado de forma muy destacada. Tanto era así que Ana Botín, nada más recibir la autorización de Bruselas para absorber la entidad, buscó quién se lo quedase y traspasó los activos a una nueva sociedad en la que el fondo Blackstone entró como socio con un 51% del capital. La valoración de la cartera fue entonces de 10.000 millones de euros pero solo unos meses antes, en mayo, cuando se redactó este informe, había sido muy superior. Precisamente, la negociación de Botín con el fondo es una de las bazas de los grandes inversores institucionales personados en este procedimiento para insistir en su tesis de que el Santander tenía información clave antes de la caída del banco.
El informe también analiza de 50 expedientes sobre tasaciones. De la selección aleatoria, solo cuatro cumplen los criterios de tasación ECO sin condicionantes, lo que supone un 5% del total de 798,4 millones del valor total analizado. Igualmente también alerta sobre los ajustes en cláusulas suelo. Según el análisis, la contingencia estimada era de 735 millones de euros si bien EY consideró que la provisión debería ser el doble, es decir, de 1.068,8 millones de euros. El análisis alcanza también los procedimientos sancionadores ante la Inspección de Trabajo. De acuerdo con la información facilitada por el Popular, se emitieron cerca de doscientas actas de infracción de 731.907 euros entre los ejercicios 2014-2017. También explicaron que el proceso se encontraba en fase de demanda aunque la firma contratada por Bankia determinó que, con la información con la que contaban, no era posible estimar el porcentaje de éxito de dichas acciones.
Las alianzas del Popular
Entre los riesgos que también destacó EY se encontraron las alianzas estratégicas del Popular o una sanción de la CNMV de agosto de 2016 de un millón de euros. En lo que al primer punto respecta, concluyó que el cambio de control podría llegar a tener una pérdida potencial de aproximadamente mil millones de euros. El desembolso por el cese de esas alianzas (como hizo el Santander con Wizink) podría alcanzar un incluso los 3.000 millones de euros. En lo relativo a la multa del regulador, la consultora concluyó que nunca se había acreditado el pago de esta multa por la venta de los bonos convertibles. Respecto de otras emisiones, se habla de la existencia de 352 procedimientos, sin que se haya facilitado información adicional.
Pese a ello, no todos los puntos fueron negativos. Entre los tres aspectos positivos que EY destacó para que Bankia accediera a la operación se encuentran los activos por impuesto diferido. Según el documento, Banco Popular tenía a escasos dos meses de la intervención de la JUR 5.054 millones de euros contabilizados. Esto quiere decir que tenía activos fiscales por dicho importe. Tampoco sacó punta de la plantilla del banco (cerca de 12.000 trabajadores en el momento de los hechos), de los contratos del "personal clave" o del proceso de despido colectivo que afectó a 2.567 empleados en noviembre de 2016.
De este modo, Bankia se suma al Santander al aportar la información requerida por la Audiencia Nacional mientras que Sabadell, de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso este periódico, pide ampliar en cinco días el plazo para poder cumplir con la petición del magistrado. El propio instructor llegó a plasmar por escrito que los "vaivenes valorativos" del Popular eran cuanto menos "llamativos" y que requerían de una "explicación convincente". Anticorrupción, por su parte, también reclamó la diligencia pero dejó claro que el objetivo no era acceder a los criterios de evaluación de cada banco que se interesó entonces por el Popular sino esclarecer cuál era su verdadero valor a escasas semanas de ser resuelto por la Junta Única de Resolución.
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