En un auto de 178 páginas fechado este lunes, Calama sobresee la causa sobre el sucesor de Ron al frente del banco, Emilio Saracho, al no haber intervenido en dichas vulneraciones de la normativa contable.
Sobre los 334 procedimientos abiertos en España contra el FROB, que ejecutó la resolución, la JUR también es de la opinión de que el riesgo de que se dicten sentencias contrarias al FROB "es remoto".
Del Valle sostenía que todo estaba orquestado para que resultara "prácticamente imposible" que alguien que no fuese el Banco Santander pudiera pujar por la entidad en el plazo establecido tras la compra del Santander.
Desestima el recurso que presentó la entidad, en la que rechazó excluirle del proceso, después de que el TJUE acordara que los accionistas que sufrieron pérdidas no podían reclamar compensación al Santander.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado la investigación, al menos, seis meses más para que los peritos ratifiquen sus informes y para dar tiempo al Banco Santander a encontrar documentos.
El magistrado instructor José Luis Calama considera que aún es prematuro resolver la situación procesal del banco 'heredero'. Afirma que no puede esgrimir la sentencia del TJUE para quedar fuera de la causa.
El Alto Tribunal de Luxemburgo ha desestimado en su totalidad los recursos presentados por parte de los afectados contra la resolución de la entidad bancaria en 2017.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones en 2016.
El juez instructor José Luis Calama subraya que no descarta la posibilidad de tener que ampliar los informes periciales o realizar más interrogatorios tras analizar la documentación reclamada al Banco Santander.
Subraya que la entidad 'heredera' tiene dificultades para encontrar toda la documentación reclamada por el juez. No descarta la posibilidad de practicar nuevas diligencias tras escuchar a los funcionarios del BCE.
El magistrado quiere analizar la gestión de riesgos que hizo el banco extinto sobre las operaciones de refinanciación. También cita a declarar a jefes de los equipos que inspeccionaron a la entidad extinta.
Tampoco permite la legislación europea que se imponga a la entidad emisora o a su sucesora la obligación de restituir el contravalor de las acciones y de abonar intereses por la declaración de nulidad del contrato.
El Banco Santander se opuso a que el juez instructor José Luis Calama ordenara excluir de estos listados a las empresas que recibieron financiación del banco extinto para participar en su ampliación de capital.
Se trata de quienes elaboraron un informe en el que se describían operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Banco Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL'.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó como medida cautelar que no se incluyeran en estos ficheros a los clientes que recibieron financiación para participar en la ampliación de capital de 2016.
La asociación de consumidores Adicae, acusación que agrupa a centenares de pequeños ahorradores en su querella, reconoce la pertinencia de esta prolongación.
Explica que una vez lleguen las periciales solicitadas por el juez, habrá que estudiar si es necesario reclamar más documentación o realizar otros interrogatorios. El fin de la instrucción está fijado para el 29 de julio
La Fiscalía Anticorrupción, que se opone a pedir un informe pericial a la CNMV, considera que primero hay que terminar de determinar si el banco extinto financió a clientes para la ampliación de capital de 2016
Este jueves declara en calidad de testigo ante Calama quien fuera presidente del FROB ese año, Jaime Ponce.
El magistrado aclara que Ponce vivió en primera persona el mecanismo de resolución del banco y, por tanto, es "un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso".
Atiende la petición de una acusación particular del caso, que denunció que se servía de fragmentos de una testifical practicada en la Audiencia Nacional para su defensa en una demanda civil.
El CIRBE informa de los riesgos de ocho sociedades que el banco habría refinanciado fuera de España para ocultar pérdidas millonarias.
Pide a la Audiencia Nacional dividir las piezas para desligarse de la investigación por la ampliación del 2016 y el tema de las tasaciones.
Vuelve a imputar a un exdirectivo del banco y con él van 7 los que tendrán que rendir cuentas por financiar a clientes para participar en la ampliación.
El instructor ha cambiado la condición a Carlos Fernández tras informarle de la existencia de un correo sobre financiación de acciones al Grupo Villar Mir.
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