Griñán, de hijo 'progre' de un militar a senador para conquistar un aforamiento

A sus 72 años, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado a una pena de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para ocupar cargo público. Así lo solicita la Fiscalía en el caso de los ERE para este sevillano que comenzó su andadura en el PSOE como un simple estudiante de Derecho 'progre', hijo de una familia de militares y jerarcas cercanos al círculo franquista. En su imputación, Anticorrupción ve un agravante en su actuación como consejero de Economía y Hacienda bajo el palio de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, Griñán es una sombra de lo que fue: un referente socialista, heraldo de la austeridad política. 

Durante sus mejores años, Griñán apuntaló la Transición, fue ministro de Sanidad del histórico Felipe González, para sustituir después a su amigo y compañero de partido Manuel Chaves, hoy condenado a nueve años de inhabilitación, al frente del Gobierno andaluz. Fue su experiencia y su amplio conocimiento de las entrañas del partido las que catapultaron a Griñán al Gobierno central, y fue la política la que lo unió a Chaves, la misma que años después resquebrajó su vínculo hasta reducirlo a una causa común: salir airoso de caso de los ERE, según el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, la sentencia "más difícil de la historia judicial de España". Y no es para menos.

En las 700 horas del juicio oral que comenzó en septiembre, Griñán ha insisitido en su inocencia mediante un 'lo niego todo' sostenido precisamente por su cargo al frente de la Hacienda andaluza (2004-2009) durante gran parte de los años en los que salieron hasta 680 millones de euros de las arcas públicas andaluzas sin que la Administración impusiera "ningún control". La defensa del expresidente andaluz  se reafirma en que el socialista no podía saber "exactamente" en qué consistía el programa de ayudas bajo sospecha ya que, como consejero de esta cartera, "no se puede llegar a ese detalle" de un programa "insignificante" en el compendio del presupuesto de Empleo.

Mira también

Iglesias culpa al bipartidismo de los ERE: "España no tolerará más la corrupción"

Antes de que estallase el polvorín de los ERE, Griñán y Chaves eran uña y carne. Ambos eran hijos de militares franquistas, aficionados al cine, y compañeros de cenas y reuniones en su tiempo libre. De hecho, fue el segundo quien allanó el camino del Griñán hacia la presidencia de la Junta de Andalucía como su sucesor en 2009.  No obstante, la omnipresencia de Chaves como secretario general del PSOE autonómico terminan por erosionar una relación que pasa de los halagos a la tolerancia y solo se reencuentra años después en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El fallo, con más de 14.000 folios, ha señalado al político como el mayor damnificado imponiendo los seis años de cárcel que pedía la Fiscalía Anticorrupción. La resolución dilapida una trayectoria de más de tres décadas en la primera línea de fuego de la formación socialista, que comenzó con una 'modesta' Viceconsejería de Trabajo de Andalucía en 1982, cuando González puso al PSOE por primera vez al frente del país.

Desde ese momento, Griñán empezó a avanzar posiciones hasta convertirse en ministro de Sanidad y Consumo de España en 1992, aún bajo la presidencia de González, aunque pronto volvió a dirigir su carrera dentro del Ejecutivo andaluz, en gran medida, por la influencia y con la confianza de Chaves donde llegó a convertirse en senador.

El 10 de septiembre de 2013, con el rumor del ocaso de su actividad política y ya bajo la sombra de los ERE, la jueza Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a cargo del caso, pidió que se personase en la causa junto con su antecesor Manuel Chávez. Sin mayor dilación, el 12 de septiembre de 2013 en el Pleno se le designó como senador en representación de la región, con solo 55 votos a favor de los 104 en juego, lo que le convirtió en la primera designación de un senador por este Parlamento que no consiguió una aprobación por unanimidad, pero le situó bajo el paraguas de un aforamiento muy conveniente de cara a su imputación en los ERE.