La concesión de la nacionalidad por residencia en España va a ser un quebradero de cabeza para el Ministerio de Justicia, al menos, durante los próximos dos años y medio, periodo durante el que se espera tener resueltos el tremendo atasco de miles de expedientes que hay en la Dirección General de Registros y Notariado, si se cuenta con los fondos públicos necesarios para ello. El ministerio prevé tener el dinero suficiente durante ese tiempo para ampliar la encomienda de gestión que tiene encargada a varios organismos e instituciones para ayudar en este proceso, así como para contratar a personal laboral externo que pueda tramitar los expedientes.
Según los datos internos que se manejan en un informe interno de la Dirección General de Registros y Notariado, a finales de marzo de este año se acumulaba un atasco de más de 363.000 expedientes de peticiones de nacionalidad por residencia sin resolver. Se trata de extranjeros que llevan más de diez años en España y han pagado las tasas correspondientes (100 euros) para que se les reconozca ese derecho, contemplado en la normativa civil. Muchos de esos casos son incluso anteriores a 2015, año en el que se cambió la regulación para abrir la opción de hacer las peticiones por vía telemática.
El atasco se arrastra desde el año 2012, en el que se llegaron a acumular 465.000 casos pendientes de resolver. Una de las claves de todo el retraso está en las complicaciones que han surgido en la migración de una aplicación informática para la tramitación de los expedientes a otra nueva y que tuvo paralizado el sistema. A eso se añade el hecho de que todavía muchas de las peticiones se hacen en papel, directamente en el Registro. Eso ha obligado a contratar durante los últimos años a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que proceda a la conversión digital de todos esos casos. Según se admite en el documento de Justicia, los expedientes del año 2015 están prácticamente resueltos y se están empezando a digitalizar los de 2016, pero en las solicitudes de 2017, 2018 y lo que va de 2019, presentadas en papel se va a sufrir un retraso considerable.
Plan de choque sin presupuesto
La envergadura del problema se pretendía paliar con un plan de choque anunciado por la ministra Dolores Delgado en octubre del año pasado, en el que se planteaba la contratación de hasta cien personas de forma eventual y durante al menos dos años, para tramitar expedientes y reducir la acumulación. En el ministerio se reciben cada año una media de 75.000 peticiones de nacionalidad por residencia, y es muy complicado atenderlas a todas y reducir las que van con retraso con la escasa dotación de funcionarios que tiene la Dirección General de Registros y Notariado.
Pero esa medida dependía de la aprobación de un nuevo Presupuesto, que no se pudo hacer. Sin fondos para contratar, la solución parcial que se ha puesto en marcha desde el pasado otoño en el Ministerio ha sido incentivar a un grupo de 120 funcionarios de la dirección general y de otros departamentos para que amplíen su jornada y saquen adelante peticiones retrasadas. En un periodo de apenas seis meses, los funcionarios propios de ese departamento han hecho 3.900 expedientes más de los que sacan con su trabajo normal, mediante un sistema de teletrabajo para horas extraordinarias. El resto de personal que se ha querido apuntar a este modelo ha sacado adelante otras 2.000 solicitudes.
A la vista de que ese ritmo no es suficiente para desatascar las más de 363.000 peticiones acumuladas, desde el Ministerio se espera que haya nuevos fondos para poder recuperar el plan de contrataciones, así como para encargar más encomiendas de gestión a instituciones como el Colegio de Registradores, que hasta ahora ha venido ayudando en este proceso, la Fábrica de Moneda y Timbre u otros organismos que puede ayudar a acelerar los trabajos.
De la misma manera, en la Dirección General de Registros y Notariado se trabaja en una reforma de la normativa actual para lograr la nacionalidad por residencia, para establecer un sistema más sencillo y que conlleve menos trámites burocráticos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionado en este aspecto desde Unidas Podemos, ya ha admitido que será necesario poner en marcha un nuevo sistema que elimine alguna de las condiciones leoninas que hasta ahora supone todo el proceso.
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