La alcaldesa de alsasua (bildu) dice que autorizó la parodia del rey porque “no vio ningún delito”

La alcaldesa de Alsasua (Navarra), Garazi Urrestarazu Zubizarreta, de Bildu, aseguró hoy en la Audiencia Nacional que decidió autorizar la parodia del Rey y de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar en ese municipio el pasado 3 de septiembre porque consideró que el acto no era constitutivo de delito alguno.
Urrestarazu hizo esta afirmación en su declaración como imputada por delitos de injurias contra la Corona y ultraje a España ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El magistrado no impuso a la alcaldesa ninguna medida cautelar, ya que no fue solicitada ni por el fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, ni por las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Manos Limpias.
La alcaldesa dijo en su declaración, que duró poco más de diez minutos, que se trataba de una “parodia callejera” o “un teatro” en el que “no había indicio de ningún tipo”, según informaron fuentes jurídicas.
Dijo que, como alcaldesa, si “no ve ningún indicio” y no hay “perturbación de ningún tipo”, no tiene “por qué negar esta parodia ni ningún teatro callejero que se celebre en las calles del pueblo”.
DESVINCULA AL AYUNTAMIENTO
La imputada indicó en este sentido que firmó la autorización para la celebración del acto –que consistió en una revista de tropas, un desfile por el pueblo y un discurso- porque recibió un informe de una técnica del departamento de Cultura donde se autorizaba “esta actuación callejera”.
“El Ayuntamiento no tuvo ninguna participación en el acto, ni en el desarrollo ni en la puesta en escena”, señaló la imputada. Urrestarazu recordó en su declaración que, como miembro de Bildu, firmó el decálogo de la formación con el que rechazó “todo tipo de violencia”.
Tras dos preguntas, Urrestarazu señaló que no quería seguir respondiendo al fiscal y que sólo atendería a las preguntas que le planteaba su abogada. Tampoco contestó a las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Manos Limpias.
La alcaldesa llegó poco antes de la 11.30 horas a la sede de la Audiencia Nacional acompañada por su abogada, Jone Goiricelaia, y por un numeroso grupo de simpatizantes que rompieron a aplaudir. Entre los acompañantes se encontraba Maiorga Ramírez, parlamentario de Bildu en Navarra y líder de Eusko Alkartasuna.
PROTESTA CONTRA LA GUARDIA CIVIL
Ante el juez Pedraz también declaró Ramón López Cid, el vecino que pidió al Ayuntamiento la autorización para realizar la parodia. “No teníamos intención de calumniar, ni reírnos, ni injuriar al Rey de España”, dijo el convocante.
López Cid, quien también está imputado por delitos de injurias a la Corona y de ultraje a España, dijo a preguntas de su abogado que con la parodia “trataban de denunciar el acoso policial que sufrían por la Policía Foral y la Guardia Civil en el pueblo”.
Señaló en este sentido que los agentes de la Guardia Civil “entran sin permiso” en los locales donde se reúnen los jóvenes del pueblo. También explicó que la Benemérita estuvo vigilando y grabando el desarrollo del desfile, “pero nadie les importunó ni les identificaron”.
En las declaraciones no se pudieron visionar las grabaciones de la parodia porque los vídeos no han sido todavía incorporados a la causa.
El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha pedido al magistrado a de la Audiencia Nacional que llame a declarar como imputados a Haritz Leoz, la persona que interpretó al Rey, y Oscar García, otro de los protagonistas del acto, que iba disfrazada de alto mando del ejército nazi.
DENUNCIA DE LA AVT
El juez Pedraz inició esta investigación a raíz de una denuncia presentada por la AVT contra la alcaldesa de Alsasua. La asociación aseguraba en su escrito de denuncia que “los actos realizados tendrían por finalidad hacer una chanza de los símbolos y las instituciones del Estado, vilipendiando la imagen del Rey”.
Para la AVT, el hecho de que una persona disfrazada del Rey presida un desfile en el que se utiliza simbología nazi supone “una utilización ilegal de la imagen de la Corona, atacando su reputación y consideración pública”.
La denuncia se interpuso contra la alcaldesa porque, “como máxima autoridad de la corporación local, cedió o, cuanto menos, consintió en que se utilizara el balcón del Ayuntamiento para su realización”. Por lo tanto, continuaba el texto, “sería autora de los mismos a título de cooperadora necesaria”.