Nuevo revés a los nuevos dueños de Alcoa. La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a que seis altos cargos de Alu Ibérica (la antigua Alcoa) continúen cobrando elevados sueldos, algunos hasta 25.000 euros mensuales, mientras se investiga si los nuevos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y A Coruña vaciaron la caja en el proceso de venta. De este modo, la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de Iberian Green Aluminum (nuevo nombre de la sociedad que el Grupo Riesgo utilizó para adquirir las plantas), que pedía que se revocara la decisión de la jueza instructora María Tardón de suspender el pago de retribuciones a estos empleados y exempleados tras las sospecha de los interventores judiciales de que fuera una actuación más dirigida a la descapitalización de la empresa.
Así lo ha acordado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto con fecha del pasado 12 de noviembre en el que subrayan que la medida cautelar impuesta por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que recabó el informe favorable de la Fiscalía, es acertada, ya que existen motivos justificados para ello. La instructora María Tardón, que investiga si los nuevos dueños de Alcoa saquearon las arcas de la empresa, ordenó recientemente a los investigados que devuelvan 13 millones de euros para garantizar la existencia de fondos para la actividad de las plantas.
La Sala, cuyo auto ha sido ponente el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, recién incorporado a la Audiencia Nacional, no acepta los reproches de Iberian Green hacia el administrador judicial, a quien acusa de actuar de manera "negligente" al solicitar que se suspendan las retribuciones a los seis altos cargos -alguno de ellos ya fuera de la empresa- justificando la medida con el parón de la producción. Según la empresa recurrente, esta persona designada por el juzgado no tuvo el "más mínimo decoro de haberse reunido con ellos antes, para conocerlos y entender sus funciones".
Sin embargo, para la Audiencia esta medida es "acorde a derecho" tras constatarse la situación en la que se encuentra la empresa. Cabe destacar que la juez Tardón ha autorizado en un reciente auto dictado el pasado 23 de noviembre el concurso de acreedores instado por el administrador judicial al entender que es "la única vía adecuada para protección del patrimonio, así como de los derechos de trabajadores y resto de acreedores de las mismas". Es más, los magistrados de la Sala recuerdan que al tratarse de una medida cautelar, la decisión "no impide el abono de las retribuciones" atrasadas si la investigación finalmente aclara que dichos pagos son procedentes.
Sin tareas reconocidas
La juez Tardón consideró necesario mantener en suspenso el abono de los sueldos de estos directivos por lo "exorbitante" que pudo resultar su contratación, vinculada al Grupo Industrial Riesgo, "o por no habérseles reconocido tarea realizada alguna". Los interventores judiciales advirtieron a la magistrada instructora de la existencia de salarios excesivamente elevados, cantidades "claramente desproporcionadas" en comparación a las retribuciones del resto de empleados de la compañía, que llegaban apercibir entre otros Alexandra Camacho, investigada en esta causa tras ser detenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a principios de marzo junto al presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech; el administrador único del mismo, Diego Peris, y su homólogo en System Capital, sociedad administradora de Alu Ibérica, Luis Losada. Camacho, socia de esta última empresa, aparece contratada en la planta de Avilés con una retribución de 44.351 euros brutos, que al mes suponen hasta 25.000 euros.
La intervención judicial también cuestionó el sueldo de Sergio Aragón, que recibe un salario de unos 12.000 euros netos mensuales, pese a que el mismo reconociese que no tenía acceso ni a aplicaciones informáticas ni conocimiento detallado del funcionamiento de la empresa. "Existen indicios de que esta persona no estaría realizando un trabajo que justifique una retribución tan elevada, ni estaría asumiendo ninguna responsabilidad de decisión acorde con dicha retribución", afirma el documento remitido a la juez María Tardón.
Adquisición de bitcoins
Unido a todo ello, la UDEF recientemente envió un oficio a la Audiencia Nacional con el análisis de la documentación bancaria de los investigados y en el que destaca los movimientos de fondos procedentes de las plantas de aluminio para la adquisición de bitcoins. La investigación policial trató de esclarecer si los últimos dueños de Alcoa utilizaron la sociedad Logiplus WorldWide para "dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales". En concreto, el oficio apunta que las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título "pago chatarra". Así los agentes policiales señalan que desde la cuenta de Logiplus se transfirieron, mediante 23 operaciones, un total de 565.976 euros entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, a la cuenta de Viña y Sentido, a cuyo nombre figuran los bitcoins, y cuyo objeto social es la comercialización de vino, algo "totalmente ajeno a la industria del aluminio".
La investigación judicial se inició en diciembre de 2020 cuando la instructora María Tardón admitió a trámite la querella presentada por la agrupación sindical Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa, diez personas físicas y nueve personas jurídicas por las supuestas irregularidades en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés. Alcoa se vendió en julio de 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. Sin embargo, el fondo no tardó mucho en quitarse de enmedio las dos plantas. En abril de 2020 fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
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