La Audiencia corrige a la juez y exime a los dueños de Alcoa de pagar 13 millones

Todavía no es el momento para ordenar la devolución de 13 millones de euros a los investigados por el presunto saqueo de las arcas en el proceso de venta de Alcoa. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado esta decisión que la juez que dirige las pesquisas, María Tardón, acordó el pasado 28 de septiembre con el objetivo de garantizar la existencia de fondos para mantener la actividad de las plantas de producción de aluminio de Avilés y A Coruña, al entender que dicha reclamación se debe hacer una vez que la instrucción haya finalizado y se estimen las posibles responsabilidades pecuniarias de los entonces acusados.

Con esta conclusión, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dado la razón a Iberian Green Aluminum (nuevo nombre de la sociedad que el Grupo Riesgo utilizó para adquirir las plantas) que recurrió la decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de exigir, a instancia del administrador judicial, a los directivos de Riesgo imputados que ingresaran en un número de cuenta determinada el montante millonario que el fondo de inversión suizo Parter le prestó, sacándolo de las cuentas de las propias plantas, para comprar la factoría, ya bajo la denominación de Alu Ibérica. 

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El administrador judicial advirtió que el Grupo Parter procedió a la "desinversión" de las plantas de aluminio, contraviniendo lo pactado con Grupo Alcoa Inespal, los anteriores dueños. Por ello, envió un burofax a los directivos imputados para que procedieran a devolver "sin dilación alguna el compromiso de apoyo financiero". Si bien, la entrega de este aviso no tuvo éxito por "desconocido", ya que fueron remitidos a las direcciones postales de Iberian Green Aluminum, por su relación con Riesgo, y en concreto a nombre del que fuera presidente de dicho Grupo, Víctor Rubén Domenech, uno de los detenidos el pasado mes de marzo en la operación policial desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Por ello, el administrador encargado de llevar el control de la factoría pidió "auxilio judicial" a la magistrada instructora, que finalmente dictó la orden de restitución de los 13 millones de euros.

Sin embargo, Iberian Green Aluminum reprocha en su recurso de apelación ante la Sala de lo Penal que la juez Tardón asumió la exigencia del administrador judicial sin haber preguntado antes a las partes presentes en el procedimiento. De este modo, indica que de haberlo hecho, se habría podido aclarar que el Grupo Industria Riesgo es "una inexistente personalidad jurídica", por lo que ya no puede dirigirse a ella. Asimismo, asegura que "habría podido esclarecer que el requerimiento entra en conflicto con un proceso judicial civil" que se encuentra en curso. 

A través de las representaciones

Tras revisar los hechos, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideran que lo que tendría que haber hecho la magistrada instructora para "no desoír esa petición de auxilio o ayuda" del administrador judicial era haber dado traslado de la certificación en cuestión a las representaciones procesales de las empresas que se encuentran personadas en el denominado 'caso Alcoa'. Así lo exponen en un auto con fecha del pasado 29 de noviembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que afirman que de esa manera las sociedades habrían tenido conocimiento de dicho burofax y habrían podido realizar las alegaciones que estimaran oportunas.

Por este motivo, la Sala de lo Penal afea a la magistrada Tardón que haya hecho suyo "lo alegado por la administración judicial sin posibilidad de contradicción alguna", y directamente ordenara la devolución de los 13 millones de euros. Es más, los magistrados afirman que esa decisión "deberá adoptarse en su caso en la resolución que ponga fin a este procedimiento, y que acuerde lo procedente sobre las posibles responsabilidades pecuniarias incurridas por los encausados". 

Un año de investigación

Esta reciente resolución de la Sala de lo Penal es novedosa en la causa, pues hasta el momento ha ratificado prácticamente todos los autos de la juez instructora que desde diciembre de 2020 investiga las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés tras admitir la querella presentada por la agrupación sindical Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP). Los magistrados de la instancia superior han validado las distintas peticiones de documentación que ha hecho la juez María Tardón; la designación de un administrador judicial; la prórroga de la investigación durante, al menos, seis meses; o la suspensión cautelar de los sueldos de seis altos cargos de Alu Ibérica (la antigua Alcoa), algunos de hasta 25.000 euros mensuales, tras las sospecha de que dichas retribuciones pudieran formar parte de una operativa dirigida a la descapitalización de la empresa. Todo ello, después de que los interventores judiciales advirtieran de la existencia de salarios excesivamente elevados, cantidades "claramente desproporcionadas" en comparación a las retribuciones del resto de empleados de la compañía.

En el marco de la investigación sobre el supuesto vaciamiento de la caja de Alcoa, la UDEF rastreó los movimientos bancarios de los investigados y detectó el uso de fondos procedentes de las fábricas de aluminio para la adquisición de bitcoins. En un oficio remitido a la juez instructora, la unidad policial trató de esclarecer si los últimos dueños de Alcoa utilizaron la sociedad Logiplus WorldWide para "dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales". En concreto, señala que las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título "pago chatarra". Así los agentes policiales señalan que desde la cuenta de Logiplus se transfirieron, mediante 23 operaciones, un total de 565.976 euros entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, a la cuenta de Viña y Sentido, a cuyo nombre figuran los bitcoins, y cuyo objeto social es la comercialización de vino, algo "totalmente ajeno a la industria del aluminio".