La Audiencia Nacional quiere evitar que sus funcionarios se marchen a otros juzgados para poder cobrar un poco más a fin de mes. La Sala de Gobierno ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga solución a este problema y equipare su sueldo al de los empleados públicos que desempeñan su función en órganos judiciales que se encuentran en comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas.
“Si cruzas la calle y te marchas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid puedes llegar a cobrar hasta 300 euros más por tener las mismas funciones y hacer el mismo trabajo”, denuncia una de las funcionarias de la Audiencia Nacional preguntada al respecto por La Información, que subraya que el “hartazgo” por esta situación cada vez es mayor.
Aunque la diferencia salarial no afecta a jueces de la Audiencia Nacional, sí que repercute en su trabajo, ya que que pierden el apoyo de trabajadores que conocen en profundidad los asuntos de gran complejidad de los que se encarga este órgano judicial -cuya administración depende del Ministerio de Justicia-, como extradiciones, terrorismo, además de macrocausas de corrupción. Fuentes sindicales consultadas por este diario apuntan que la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia tiene un conocimiento amplío y general de todas las materias jurisdiccionales, pero tildan de “gran problema” que se desperdicie el “talento” de aquellos que están especializados en dichos asuntos.
"Evitar la salida masiva"
Por ello, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado que se adopten "las medidas retributivas necesarias para evitar la salida masiva de funcionarios de la Audiencia Nacional", según consta en el acuerdo del pasado 31 de mayo, consultado por La Información. Los magistrados reclaman que "los órganos centrales de la Administración de Justicia tengan, al menos, una equiparación salarial con el resto de funcionarios de los órganos judiciales de aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia". Una reclamación que trasladan directamente a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
Todo ello después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, solicitara el pasado mes de marzo a dicha Sala que valorara la posibilidad "de instar una más adecuada compensación económica" para el personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en los Juzgados Centrales de Instrucción con el objetivo de "garantizar e incentivar la estabilidad de las plantillas", tal y como se reproduce en el citado acuerdo. Mientras que esta exigencia pueda sustanciarse, la jueza instructora propone que se incremente al menos las partidas de prolongación de jornada a los empleados públicos "que están prestando una dedicación especial a su trabajo diario".
Según fuentes sindicales, en los últimos tres concursos de plazas -que suelen convocarse anualmente- pidieron el traslado 73 funcionarios de la Audiencia Nacional y juzgados centrales a otros órganos que no lo son, es decir ni Audiencia Nacional ni Tribunal Supremo o Fiscalía General del Estado.
En marcha la mesa de negociación
La diferencia salarial entre un funcionario que depende de la denominada 'zona Ministerio' (Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, Islas Baleares, Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) y otro que desarrolla su labor en las comunidades autónomas con competencias transferidas puede llegar a los 8.000 euros anuales, según denunció el sindicato UGT el pasado mes de febrero, siendo el País Vasco o Navarra donde más se cobra.
Para encontrar una solución a esta brecha, el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, y las organizaciones sindicales están llevando a cabo una mesa de negociación para el incremento salarial de los cuerpos de funcionarios. Precisamente este miércoles, 9 de junio, se celebra la tercera reunión.
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