Pocos meses han estado investigadas. La Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la imputación del fondo de inversión LetterOne y la compañía de telecomunicaciones Vimpelcom (actual Veon) en la causa abierta por la quiebra de Zed WorldWide S.A. La Sala de lo Penal ha confirmado la decisión del juez instructor de dejar fuera del procedimiento a estas empresas participadas por el magnate Mijaíl Fridman, al entender que España no tiene jurisdicción para investigar a las firmas extranjeras, al mismo tiempo que advierten que éstas no tienen la obligación de cumplir con los requisitos que el artículo 31 bis del Código Penal español impone a las personas jurídicas.
A mediados del pasado mes de mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, aceptó parcialmente la petición que realizó el fundador de Zed WorldWide Javier Pérez Dolset (también investigado en esta causa) y acordó otorgar la condición de imputadas a ambas compañías, así como al expresidente de Vimpelcom y antiguo director de la sociedad LetterOne, Alexey Reznikovich. El objetivo era, según indicó el magistrado en su resolución, poner el "foco de atención" en la decisión del gigante holandés de telecomunicaciones de finalizar los contratos con Temafon como proveedor de contenido, servicios y SMS, a raíz de la auditoría que hizo la oficina de PwC en Moscú. De este modo, la tecnológica que tenía el 50,10% de su capital dejó de recibir gran parte de los ingresos que obtenía.
Tras esta decisión, algunas de las partes personadas presentaron un recurso ante el juez instructor, alegando que la justicia española no tiene jurisdicción para investigar a compañías extranjeras. El magistrado asumió este criterio el pasado mes de julio y dio marcha atrás, acordando la desimputación de las firmas. Sin embargo, Pérez Dolset insistió en su pretensión y llevó el asunto hasta la Sala de lo Penal, apuntando, entre otras cosas, que las mercantiles señaladas omitieron los controles establecidos en el precepto que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La ley española no es aplicable
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal no ha dado la razón al antiguo dueño de la tecnológica conocida por desarrollar videojuegos como Commandos. En un auto con fecha del pasado 30 de septiembre, al que ha tenido acceso La Información, los magistrados señalan que no se da "ninguno de los supuestos" contemplados en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que atribuye a la Justicia española el conocimiento de determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional. En este sentido, el tribunal señala que, "como consecuencia de la no aplicación de la legislación española a mercantiles ubicadas fuera de territorio nacional", tampoco se le puede aplicar "el cumplimiento" de lo marcado en el artículo 31 bis del Código Penal, como es la obligación de tener un sistema para la prevención de comisión de delitos.
Por último, la Sala también responde a uno de los argumentos de Pérez Dolset y afirma que "las ganancias obtenidas por las mercantiles extranjeras (...) no es un criterio legal admisible para su incorporación a las actuaciones como investigadas". En concreto, LetterOne es un holding fundado por Fridman, a través del cual ha controlado grandes empresas como la cadena de supermercados Dia. De hecho, dicho fondo posee casi la mitad de las participaciones de Veon, proveedor global de servicios de internet con sede en Ámsterdam y cuyo principal mercado se encuentra en Rusia.
El 'caso Zed'
El denominado 'caso Zed' se inició en 2016, cuando Pérez Dolset presentó una denuncia ante la Fiscalía contra sus socios por presuntamente compincharse con el fin de asfixiar a la tecnológica y comprarla a un precio inferior al de mercado. Tras analizar los hechos, Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia Nacional un año más tarde y el Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió una causa. El periplo judicial del empresario ucraniano comenzó más tarde, en agosto de 2019, cuando el juez García Castellón le imputó a petición del Ministerio Público para aclarar si lideró un plan, que habría sido ejecutado por sociedades vinculadas a él, para provocar la quiebra de Zed Worldwide.
Un año y cuatro meses después, el magistrado instructor consideró que no había suficientes pruebas para acreditar que Fridman participó de forma "directa" o "indirecta" en los hechos objeto de investigación, por lo que le exoneró de cualquier responsabilidad. Sin embargo, esta decisión fue revocada en julio de 2021 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al entender que la investigación aún no se ha agotado y que, por tanto, no se pueden descartar los indicios sobre su actuación, pues le sitúan en "un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión".
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