La causa contra el franquismo, uno de los tres frentes abiertos de Garzón

Madrid.- La causa por prevaricación abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo es sólo uno de los tres frentes que el magistrado tiene abiertos en el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal investiga también a Garzón por prevaricación, cohecho y estafa en relación con el dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006, y debe decidir aún si admite o no a trámite la querella que el abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" presentó contra él por grabar sus conversaciones en la cárcel.

El auto notificado hoy por el magistrado Luciano Varela acerca un poco más a Garzón al banquillo de los acusados, ya que aunque la resolución no es firme en ella ya se avanza que, en opinión del instructor, concurren todos los elementos necesarios para dictar la apertura de juicio oral.

Además, si la sala confirma el auto en el que Varela rechaza archivar la causa y éste abre juicio oral a Garzón, el juez de la Audiencia Nacional se enfrentaría muy previsiblemente a la suspensión de funciones, medida que corresponde acordar al Consejo General del Poder Judicial.

Garzón, que el pasado 9 de septiembre prestó declaración como imputado ante Varela en el Supremo, está pendiente de que otro magistrado -Manuel Marchena- decida si le cita para interrogarle, también como imputado, sobre el dinero percibido durante su estancia en Nueva York, después de que el tribunal admitiera el pasado 28 de enero la querella que dos abogados presentaron contra él.

El último de los frentes abiertos que tiene el juez está menos avanzado, ya que el Alto Tribunal aún no ha decidido si admite o no a trámite la querella que el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez interpuso contra él por ordenar la grabación de las conversaciones que varios imputados en el "caso Gürtel" que estaban en prisión mantuvieron con los letrados de su defensa.

En este caso, Garzón tiene el consuelo de que el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, avaló su actuación el pasado 27 de enero en un auto en el que concluía que la medida estaba justificada, y que la intervención de las comunicaciones "no se adoptó arbitrariamente por el Juzgado", ya que "existían indicios delictivos" que la aconsejaban.

Además, la Fiscalía -han informado hoy fuentes del Ministerio Público- ha solicitado esta semana al Supremo que no admita la querella, ya que considera que no hay indicios de delito y, además, sostiene que tendrá que ser el tribunal que en su día juzgue a los imputados en la trama de corrupción el que decida si las escuchas son o no válidas.

La querella de Peláez, sin embargo, no es la única a la que deberá enfrentarse Garzón por este asunto, ya que el Colegio de Abogados de Madrid anunció que interpondría otra y hoy mismo -y pese al aval de Pedreira- el decano de esta institución, Antonio Hernández Gil, ha confirmado que llevarán al juez ante los tribunales.