La CE investiga a 7 clubes españoles por posibles ayudas públicas ilegales

Antonio Hermosín

Bruselas, 18 dic.- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que investigará en detalle las ventajas fiscales, préstamos bancarios y operaciones inmobiliarias de los que se han beneficiado siete clubes españoles de fútbol profesional, al sospechar que estas medidas podrían ser ayudas públicas ilegales.

El Ejecutivo comunitario notificó hoy la apertura de un expediente que afecta al Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche, confirmando así lo que apuntaban diversas fuentes durante las últimas semanas.

Entre los casos investigados no se encuentra por ahora la construcción del nuevo estadio de San Mamés del club bilbaíno.

Los clubes profesionales "deben financiar sus costes de funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en lugar de hacerlo con cargo al contribuyente", afirmó hoy el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, al anunciar la investigación.

En primer lugar, el Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna son analizados por sus "privilegios" fiscales, al tratarse de los único clubes de Primera que no se transformaron en sociedades anónimas deportivas (SAD) y que por ello se han beneficiado desde 1990 de un tipo impositivo del 25 % en lugar del 30 %.

El Real Madrid también es investigado por el "muy ventajoso" intercambio de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva en 2011, explicó la CE en un comunicado.

La permuta se realizó por un valor de 22,7 millones de euros en lugar de los 595.000 euros en los que se tasaron estos terrenos en 1998, según la Comisión.

Bruselas investiga además al Valencia, Hércules y Elche por los préstamos avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas y concedidos a través de diversas entidades bancarias.

Los créditos fueron concedidos entre 2010 y 2013 para financiar la adquisición de acciones de los tres clubes por parte de fundaciones creadas con tal efecto, y ascendieron a 86 millones de euros en el caso del Valencia, 18 millones para el Hércules y otros 14 para el Elche.

La CE sospecha que estas medidas podrían haber conferido ventajas significativas a los clubes beneficiarios en detrimento de otros, aunque la apertura de una investigación formal "no prejuzga el desenlace de la misma".

Si se confirma que las medidas incumplen la normativa comunitaria, la Comisión podría exigir la devolución de las ayudas recibidas.

La investigación oficial tampoco incluye por el momento las deudas de algunos equipos españoles con Hacienda y con la Seguridad Social, sobre las que también se habían presentado quejas ante la Comisión.

La CE "ha mirado y ha pedido información" sobre estas deudas, aunque añadió que por ahora "no hay ninguna decisión al respecto", explicó el vicepresidente comunitario.

En la misma línea, Almunia no descartó la futura apertura de una investigación sobre la construcción del nuevo San Mamés, al ser preguntado las críticas por parte de la Defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, sobre un posible conflicto de intereses por su afición al Athletic.

En un comunicado, O'Reilly opinó que el retraso en la apertura de la investigación formal "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes de fútbol" investigados.

El comisario bilbaíno calificó estos comentarios de "totalmente infundados", y afirmó que no dudaría en investigar al Athletic de Bilbao "a pesar" de su "afición al fútbol" y de su "apoyo" a este club.

Por su parte, el ministro español de Economía, Luis De Guindos afirmó hoy que el Gobierno español ofrecerá su total colaboración en el caso y facilitará toda la información que tenga disponible, si bien recordó que las aportaciones en ocasiones procedieron de otros tipo de administraciones públicas.

"Creo que en última instancia vamos a llegar a una solución adecuada al respecto", confió De Guindos, quien también insistió en que aunque haya una investigación, éstas también se cierran.

El Gobierno español, los clubes afectados y otros organismos interesados contarán ahora con un plazo de tres meses para presentar observaciones sobre las medidas en cuestión.