La Fiscalía colombiana busca en Panamá información de exjefa de inteligencia

  • Funcionarios de la Fiscalía General de Colombia están en Panamá para conocer el estatus legal en este país de la exdirectora de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, que de momento conserva su condición de asilada, dijo hoy la procuradora del país centroamericano, Ana Belfon.

Panamá, 2 jun.- Funcionarios de la Fiscalía General de Colombia están en Panamá para conocer el estatus legal en este país de la exdirectora de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, que de momento conserva su condición de asilada, dijo hoy la procuradora del país centroamericano, Ana Belfon.

Belfon recibió al jefe de asuntos internacionales de la Fiscalía colombiana, Francisco Echeverry, quien evadió a la prensa a su llegada al Ministerio Público (MP) panameño, junto a la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela María Benedetti.

Belfon indicó que ambos funcionarios buscaban "esencialmente" informarse de cuál es la "situación real" y el estatus o condición jurídica de Hurtado, quien, dijo, mantiene su condición de asilada.

La Justicia colombiana requiere a Hurtado por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas cuando ella dirigía el extinto Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS).

El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno panameño otorgó el asilo a Hurtado en 2010.

Sin embargo, Belfon dijo a los delegados colombianos que el fallo de la Corte Suprema no se ha "ejecutoriado en firme" ni notificado al Ejecutivo ni al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como tampoco al MP panameño.

Solo después de que esto se haya producido es cuando Colombia podrá formalizar un proceso de extradición de Hurtado ante la Cancillería panameña, pero hasta este momento, indicó, "no se ha hecho ningún tipo de solicitud", ya que la misma "no se hace ante el MP sino ante el Ministerio de Relaciones Exteriores".

Belfon insistió en que hasta que no haya salido en firme el fallo de la CSJ la exjefa del DAS conserva su estatus de asilada.

"En este momento, si no ha salido aun la inconstitucionalidad de la CSJ y no se ha notificado a las partes, en este momento, ahora, en este momento que estoy conversando con ustedes (periodistas) la señora (Hurtado) tiene su condición de asilada", remarcó Belfon.

Asimismo, aclaró que al MP no le corresponde determinar si Hurtado tiene o no seguridad del Estado, así como tampoco sobre su estadía en el país.

Belfon dijo que los funcionarios colombianos le comunicaron que presentaron a la Interpol una solicitud para la detención de Hurtado, pero que "realmente en Panamá no hay una alerta roja" de captura.

Por su parte, el director de asuntos jurídicos y legales de la Cancillería panameña, Vladimir Franco, confirmó a Efe que se reunió con Echeverry, pero no ofreció más detalles.

Otra fuente judicial dijo a Efe que los delegados de la Fiscalía de Colombia se reunieron con el presidente de la CSJ de Panamá, José Ayú Prado.

Ocho de los nueve magistrados que conforman el pleno del Supremo panameño aprobaron el jueves pasado declarar inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno del ahora saliente presidente panameño, Ricardo Martinelli, otorgó el asilo territorial a Hurtado.

La demanda de inconstitucionalidad presentada en 2011 se basó en que Hurtado no es una perseguida política, sino que está buscada por la Justicia colombiana para ser procesada por un delito común, relacionado con escuchas ilegales, indicó a Efe uno de los letrados que presentaron la demanda.

Hurtado dirigió entre 2007 y 2009 el DAS, que fue liquidado por una trama de espionaje durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), caso por el cual una veintena de sus funcionarios han sido procesados, incluida Hurtado.

Hurtado debe responder ante la Justicia de su país por varios delitos, entre ellos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.

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