La Fiscalía del Estado estima que debería normalizarse el uso de cámaras de grabación en espacios cerrados como despachos o aulas donde puedan producirse actos de abuso sexual de menores para facilitar la tenencia de pruebas de los hechos que se denuncian y no perjudicar ni al acusado ni al acusador con este tipo de situaciones "lacerantes". En la Memoria Anual de la Fiscalía se advierte un fuerte repunte de las denuncias de delitos sexuales (un 23% más en un año) y se advierte de la dificultad que suele suponer se análisis jurídico, por producirse en "un entorno de extrema intimidad en su ejecución y donde además se añade una connotación de vergüenza derivada de la peculiar vejación sufrida por las víctimas, que en ocasiones les lleva a manifestarse con claro rechazo de la intervención de la administración de justicia".
Esa es la razón que esgrimen los fiscales para justiciar el uso de cámaras que puedan grabar todo lo que ocurra en esos lugares, que entienden como "espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento", de forma que se evite "la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones". El Ministerio Público advierte, incluso, que ese rechazo inicial que se tiene a denunciar este tipo de casos "propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un transcendental bagaje probatorio".
Según señala la Memoria, "en algunas fiscalías se llegan a mencionar entornos tan caracterizados como las acciones que se realizan por la pareja de la madre que convive con el menor víctima o en el seno de una relación de pareja o noviazgo entre una menor y un mayor de edad (apenas por encima del límite), en lo que ya se dibuja como situaciones futuras en las que la relación afectiva se ve emponzoñada por el virus de la violencia".
Se advierte además que muchos de estos casos de abuso de menores, sobre todo cuando se realizan de forma continuada, se suelen realizar en bares, pubs o zonas de esparcimiento, acompañados de bebidas con alcohol o el consumo de otras sustancias, que merman la capacidad de los menores para oponerse, algo que, a su entender, debería incidir en los protocolos de actuación, para "facilitar la celeridad de la presentación de las denuncias; en los centros asistenciales, añadir a los exámenes ginecológicos y externos la recogida de muestras para análisis de sangre u otros fluidos para realizar estudios toxicológicos que determinen si la víctima había ingerido alguna sustancia inhibidora o anuladora de su voluntad".
Violencia machista
La violencia de género perpetrada por menores también preocupa a la Fiscalía, que pide prestar una atención especial a los jóvenes que, pese a haber crecido en un entorno de sensibilización contra los malos tratos, funcionan con similares patrones de discriminación del hombre sobre la mujer, lo que exige una revisión de los planteamientos educativos en la escuela y la familia.
También considera alarmante que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores y llama la atención sobre cómo las relaciones a través de las redes permiten "nuevas vías de control, persecución y acoso".
"Aparecen así nuevas situaciones de dominio y maltrato no sólo físico, también psicológico del varón sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarla dentro de los tipos penales específicos, además de cierta resistencia judicial". En 2018, 249 menores fueron enjuiciados por violencia machista y se adoptaron medidas en el 92,37% de los casos. Las solicitudes de medidas de protección de chicas menores subieron de las 963 a las 1.010.
Violencia doméstica
Un año más, crecieron los procedimientos incoados por violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos: 4.833 asuntos frente a los 4.665 de 2017, un 3,6% más. Las cifras, ha opinado la Fiscalía, son muy altas y "no se vislumbran soluciones a corto plazo" para reducir esta modalidad criminal que es "un mal que permanece enquistado en el tejido social" pero que no ha tenido tanta repercusión mediática como el acoso escolar.
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