La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional investigue el acoso a los diputados del Parlament

Madrid.- La Fiscalía ha pedido hoy que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar "los actos de fuerza, intimidación o amenaza" sufridos el pasado 15 de junio por los diputados del Parlamento catalán, "dirigidos a impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor".

Los incidentes ocurridos ese día tuvieron lugar tras la convocatoria por parte del movimiento 15-M de una protesta frente a la sede legislativa, donde se iba a celebrar el debate sobre los presupuestos de la Generalitat, contra los recortes en materia económica.

Varios diputados fueron rodeados e insultados e incluso algunos manchados con pintura, pese al cordón establecido por la policía, mientras que otros -como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o la presidenta del Parlament, Núria de Gispert- tuvieron que acceder al edificio en helicóptero.

En un escrito dirigido al juez de este tribunal Eloy Velasco, el fiscal dice que la competencia de la Audiencia Nacional es "evidente" respecto de estos hechos, ya que pueden constituir un delito contra los altos organismos de la Nación previsto en el Código Penal, pero señala que el resto de los incidentes ocurridos ese día en Barcelona deben seguir siendo investigados allí.

Por ello, solicita al magistrado que acepte la competencia "para la investigación de los hechos delictivos ocurridos el 15 de junio de 2011 frente al Parlamento catalán" y que solicite de la Fiscalía Provincial de Barcelona la remisión de las diligencias abiertas por estos hechos.

Los artículos 497 y 498 del Código Penal establecen una pena de prisión de seis meses a un año para quienes perturben gravemente el orden de las sesiones de una Cámara legislativa y de 3 a 5 años de cárcel para los que "emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir" a cualquiera de sus miembros "asistir a sus reuniones".

Sobre el resto de los incidentes ocurridos ese día en la capital catalana -"atentados, resistencia y desobediencia, que motivaron la incoación de varios atestados por los Mossos d'Esquadra y que ya están siendo objeto de investigación judicial ante los Juzgados de Instrucción competentes de Barcelona"-, el fiscal pide que las diligencias permanezcan allí.

La Fiscalía se pronuncia así en un informe en el que pide al magistrado que rechace la querella interpuesta por Manos Limpias contra el movimiento 15-M y los "indignados" por los incidentes ocurridos en la capital catalana y en otros lugares como Madrid, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares o Alicante, ya que eso constituiría una "causa general" prohibida por la ley.

"La pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", dice el fiscal.

El representante del Ministerio Público añade que, cuando presentó la querella, Manos Limpias ya sabía que muchos de los hechos denunciados se estaban investigando -puesto que "era notoriamente conocido a través de los medios de comunicación"- e insiste en que sólo los ocurridos frente al Parlament justifican la competencia de la Audiencia Nacional.

Así, considera que la querella "no deja de tener un cierto carácter fraudulento al pretender una investigación general de todos ellos" y que Manos Limpias ha incurrido en "un cierto abuso de derecho", por lo que pide al juez que le exija una fianza de 50.000 euros si quiere personarse como acción popular en el procedimiento.