La Fiscalía se queja de las reticencias de los jueces ante las demoliciones

Madrid, 16 sep.- La disparidad judicial en materia de urbanismo y el desconocimiento y/o reticencia de jueces a la hora de aplicar las demoliciones de inmuebles son algunos de los problemas "graves" que afrontan los fiscales, pese a la bajada del número de delitos en este terreno.

La última memoria anual de la Fiscalía General de Estado, presentada hoy en la apertura solemne del año judicial, destaca que las sentencias condenatorias dictadas en los últimos años y la crisis están detrás de la reducción de los delitos urbanísticos.

"Salvo algunas excepciones, la tendencia que se viene observando en las diferentes fiscalías es o bien cierta estabilidad en el número de procedimientos por infracciones urbanísticas (Tenerife) o bien, y más ampliamente, una disminución de los mismos (Granada, Jaén, Almería, Pontevedra, Cádiz, Cantabria, Navarra, etc.)".

La memoria de la Fiscalía de Madrid destaca, por su parte, "las serias divergencias" que se observan a la hora de sentenciar por los juzgados y secciones de la Audiencia.

"Mientras algunos órganos sentencian, condenando o no, tras un riguroso estudio de tan compleja materia, otros se distinguen por su inalterable tendencia a absolver sin apenas argumentación jurídica al respecto".

Igualmente, la memoria de Sevilla alude a la "irreconciliable disparidad" de las resoluciones judiciales en materia de demoliciones, con tres secciones de la Audiencia acordándola con regularidad y una cuarta sección que no la aplica como regla general.

Por su parte, la Fiscalía de Ourense alude a la tendencia absolutoria por parte de los tribunales con base en la eventual y futurible legalización de los edificios ilegales.

Según la memoria de la Fiscalía General, las demoliciones son "una medida legal inmersa en una situación un tanto paradójica, que siguen planteando serios problemas".

A tenor de la memoria de Cáceres, las razones expresadas en las sentencias condenatorias para evitar la demolición hacen dudar de "la existencia del conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores sobre las características y naturaleza de la citada medida".

De la misma forma, la Fiscalía de Jaén alude a la extraordinaria reticencia de los jueces a la hora de decretar las demoliciones.

La memoria de Valencia también denuncia la actitud de la Audiencia de esa capital, dejando de aplicar o anulando sistemáticamente las demoliciones, no respetando en absoluto, con ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia.

También Navarra afirma que las demoliciones son el problema más serio dentro de los delitos relativos a la ordenación del territorio, tanto a la hora de determinar la competencia como a la hora de afrontar los costes.

Contrariamente a lo dicho, el informe de Cádiz describe el efecto positivo de la jurisprudencia del Supremo al respecto, lo que ha llevado a los tribunales a decretar un mayor número de demoliciones.

Por último, Sevilla explica que en zonas de singular proliferación de construcciones ilegales se han acordado, hasta la fecha (2012) más de cien demoliciones.