La Fiscalía Anticorrupción puso este lunes punto y final a su informe sobre el caso Gürtel, concluyendo que la trama orquestada por Francisco Correa entre 1999 y 2005 estaba “dirigida a obtener contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del Partido Popular”. La fiscal Concepción Sabadell decretó que no se trataba “de un hecho aislado, ni puntual, sino del modo de vida duradero de una organización constituida para delinquir”.
Durante el periodo de su actividad, concretó la representante del Ministerio Público, el Grupo Correa se dedicó “a enriquecer a todos sus integrantes, a apropiarse ilícitamente de fondos públicos, quebrando la fragilidad de la contratación pública frente a la corrupción”. Según las conclusiones de Sabadell, las empresas de la Gürtel se adjudicaron contratos por valor de ocho millones de euros; mientras que las autoridades que los otorgaron recibieron comisiones “del 3 o 4%” por valor de más de un millón de euros mediante una caja B y una tesorería oculta.
El entramado pudo llevarse a cabo “gracias al abuso de las funciones públicas” de los acusados, como los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, o el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Tal y como relata la fiscal en su informe final, los sobornos eliminaron “el trato justo y equitativo que merecían otras empresas”, competidoras de Correa, no dejando rastro alguno de “competencia real” en los concursos.
La Fiscalía concluye que el sistema “perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas”; y es que en los contratos se puso “un sobreprecio” del que no se benefició al Ayuntamiento, “sino a los propios acusados y al Partido Popular”. Sobreprecio que, por otra parte, pagó el mismo consistorio: “Se trató de una actuación aún más reprochable, por cuanto las entregas que se hacían a los cargos públicos provenían precisamente de los propios fondos que ellos gestionaban, lo que ahorraba el coste del soborno al Grupo Correa, que trasladaba esa carga a los fondos públicos, a los fondos de todos los ciudadanos”.
Los alcaldes decidían "a quién se contrataba y a qué precio"
Sabadell procedió también ha desgranar el funcionamiento de los consistorios de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Este último “es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un Ayuntamiento”, con el objetivo de “financiar y ahorrarle costes al PP”. Allí, el exalcalde Guillermo Ortega y el resto de los implicados se valieron de su poder “para su puro enriquecimiento personal, y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios”.
En Pozuelo, en cambio, era Jesús Sepúlveda “quien seleccionaba las empresas adjudicatarias para adecuar luego los trámites a las mismas”. La fiscal, aparte de reclamar para el exalcalde quince años de prisión, pide para su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato, 28.468 euros como partícipe a título lucrativo. Del mismo modo, exige al Partido Popular el pago de 328.000 euros.
Detrás de la red de corrupción se encontraban Francisco Correa, que “era el jefe”, y para quien la fiscal pide 125 años de prisión; Pablo Crespo, “su mano derecha”, que podría enfrentarse a una pena de 85 años; y José Luis Izquierdo, “el gestor de la caja B”.
Sabadell despachó una tras otras las peticiones de nulidad presentadas por las defensas de los 37 acusados, defendiendo la validez de todos los registros, incluidas las grabaciones ocultas de uno de los propios imputados, que dieron pie a la investigación. Entre los procesados se encuentra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita 39 años de prisión, y en cuya acusación fueron partícipes las autoridades suizas.
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