La tramitación de los presupuestos marcará la fecha de las elecciones generales, que pueden retrasarse a diciembre

El año 2015 está destacando por ser uno de los más activos política y electoralmente. A nivel parlamentario, también está siendo muy intenso. En anteriores legislaturas, los últimos meses se han aprovechado para finalizar la tramitación de los proyectos de Ley más relevantes para el Gobierno. En este tramo final, el Gobierno ha manifestado interés por un volumen muy alto de leyes que deben ser aprobadas, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Cuando se disuelven las Cortes Generales, los proyectos de Ley pendientes decaen. Si el nuevo Gobierno desea recuperarlos, debe volver a presentarlos y se inicia de nuevo el proceso. En este fin de Legislatura, el presidente Rajoy ha mostrado su interés por aprobar un volumen de leyes más alto de lo que viene siendo tradicional. En total, existen 36 nuevas leyes pendientes: 2 proposiciones del Grupo Parlamentario Popular y 34 proyectos del Gobierno.

A estas leyes, hay que sumar los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Además, este viernes se ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley por el que adelanta la rebaja del IRPF al 1 de julio y el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto para 2016. Ambos textos deben ser ratificados en el Congreso (y en el Senado, en el segundo caso) en Sesión Plenaria.Calendario de los PGE

La aprobación del techo de gasto marca el inicio de la tramitación de los Presupuestos. Los trabajos en el Gobierno están muy avanzados y el Consejo de Ministros podría aprobarlos el 31 de julio.

Con esta fecha de arranque, probablemente el 4 de agosto se registrará en el Congreso y se comenzará a trabajar en las comisiones del Congreso. Se adelantaría casi dos meses la tramitación. La presentación habitualmente de los Presupuestos es a finales del mes de septiembre.

Teniendo en cuenta los ajustados plazos con los que cuenta el Gobierno, el proceso de aprobación de los Presupuestos en el Congreso podría finalizar a mediados de septiembre y a mediados de octubre en el Senado.

Con la habilitación de los meses de julio y agosto, se daría margen para aprobar la Ley de Presupuestos (y otras leyes en las que haya interés real) antes de disolver las Cortes Generales. Esta situación permitiría al actual Gobierno marcar las pautas económicas al siguiente Gobierno y, en su caso, exigirle el cumplimiento de limitación de gasto y planes económicos.Convocatoria electoral

Este calendario obligaría a retrasar las Elecciones Generales al mes de diciembre. Esta situación encaja perfectamente en nuestro marco legal. Según la doctrina constitucionalista más extendida (que es, a su vez, la más restrictiva), el mandato de las actuales Cortes Generales expira el 19 de noviembre como máximo, si no se disuelven previamente.

Según la Ley Orgánica del régimen electoral general, el decreto de la convocatoria de elecciones debe expedirse un mínimo de 25 días antes del final de este mandato, por lo que la fecha máxima para la convocatoria es el 25 de octubre. Aunque no es obligatorio, el decreto de convocatoria siempre ha implicado la disolución de ambas cámaras. Las elecciones deben celebrarse 54 días después, lo que sitúa el 20 de diciembre como fecha límite.

Dejando de lado los plazos máximos de la convocatoria, la fecha que se baraja como más probable para la celebración de las Elecciones Generales es el 13 de diciembre. Esta fecha exige que la convocatoria se anuncie el 18 de octubre, momento en que los Presupuestos estarían aprobados sólo si el Senado no incluye ninguna modificación sobre lo remitido por el Congreso o si se consigue apurar los plazos (algo complicado ya que los tiempos están muy ajustados).Implicaciones políticas

Los grupos parlamentarios de la oposición han mostrado su rechazo a la exigencia del Gobierno a tramitar un gran número de iniciativas legislativas junto con los Presupuestos Generales del Estado en algo más de tres meses por el escaso tiempo para el debate parlamentario. De hecho, durante la tramitación de los Presupuestos el ritmo de otros proyectos se relaja para permitir que los parlamentarios se centren en el análisis de las cuentas del Estado.

El presidente Rajoy entiende como una responsabilidad política dejar aprobados los Presupuestos del próximo año 2016 antes de que se produzca un posible cambio del Ejecutivo. El nuevo parlamento estará muy fragmentado y sin mayorías claras. Esta situación dificultará la aprobación de nuevos presupuestos.

Algunos analistas estiman que puede darse el caso de que la falta de acuerdo provocaría que las cuentas oficiales que se aprueben para 2016 se prorroguen también a 2017.