Las acusaciones del caso Bankia no se rinden en su empeño porque declare Christine Lagarde en el procedimiento. Por ello, han remitido un escrito a la Audiencia Nacional con un total de seis preguntas destinadas a la actual directora gerente del FMI respondiendo de este modo al requerimiento formulado por el organismo que rechazó de plano una intervención por videoconferencia de la economista francesa amparándose en su política de inmunidad. Dicho cuestionario, al que ha tenido acceso La Información, pone el foco en dos asuntos concretos: las reuniones mantenidas en 2012 con el entonces ministro Luis de Guindos y los motivos que les llevaron, en un hecho sin precedentes, a adelantar las conclusiones negativas de Bankia meses antes de su derrumbe.
La acusación que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha aceptado las 'reglas de juego' que ha puesto sobre la mesa el FMI, desde donde se busca que la testifical de Lagarde pase desapercibida lo máximo posible. Por ello ha justificado los motivos por los que pretende que detalle el papel que jugó el FMI en el derrumbe de una entidad que acabó recibiendo el mayor rescate financiero de la historia del país y que, según De Guindos, ascendió a 22.400 millones de euros. A su juicio, la versión que pueda prestar de estos hechos ha cobrado más relevancia si cabe a tenor de la declaración prestada por el exministro en este procedimiento, en la que negó que el Gobierno influyera en la decisión de adelantar de junio a abril las conclusiones preliminares de su informe.
El documento también recoge los extractos de la declaración que prestó por escrito durante la instrucción de la causa. Ya entonces, el actual vicepresidente del BCE habló de tres encuentros con Lagarde los primeros meses de ese ejercicio y de otro con la responsable de la misión del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, la cual también ha sido citada como testigo por el tribunal para el próximo 8 de mayo. Según expuso De Guindos entonces, el "asunto principal" de dichas citas fue "la situación específica de BFA-Bankia tanto por la magnitud del problema como por el riesgo de contagio al resto del sistema financiero español". Se trata de una versión que ratificó en su declaración por videoconferencia ya en el juicio pero que contradice a la auditoría del organismo internacional la cual expuso que si se adelantaron estas conclusiones de insolvencia fue porque así lo pidió el entonces Gobierno español.
La acusación recalca que fue en los meses en los que se celebraron los encuentros -en Davos o con motivo de la reunión del G-20 en México, entre otros- cuando paralelamente se redactó el Programa de Evaluación del Sistema (FSAP) cuyas conclusiones advertían que, una vez agotadas las opciones para una recapitalización de la banca a través del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), podría ser necesario "un mayor recurso a la financiación pública", poniendo el foco en la entidad "de mayor tamaño", en referencia directa a Bankia. Este escueto mensaje se difundió en un momento crítico para la entidad y días antes de que se viera abocada a presentar las cuentas anuales de 2011 a la CNMV sin auditar. Apenas tres semanas después se produjo la salida de Rato y de la entonces cúpula del banco.
Por todo ello, la primera de las seis preguntas que recoge el cuestionario va destinada a aclarar los verdaderos motivos de los encuentros entre el FMI y el Gobierno español así como la opinión concreta del organismo y de Lagarde acerca de la situación que atravesaba Bankia en el primer semestre del ejercicio de 2012 y su decisión de salir a bolsa un año antes. Igualmente se pide que concrete las conclusiones a las que llegó la misión del Fondo tras sus encuentros con Rodrigo Rato y con De Guindos, incluyendo la valoración del organismo sobre la intervención de Banco de Valencia en el proceso de creación de Bankia y su matriz BFA.
¿Cuánto dinero público necesitaba realmente Bankia?
La CIC también pone el foco en las "importantes necesidades de capital" a las que hizo alusión el Fondo para insistir en que se le concrete qué cifras de ayudas públicas considera Lagarde que eran necesarias para solucionar la crisis existente en el banco, y que, según De Guindos, ponía en riesgo la estabilidad del resto de sistema bancario español. Igualmente buscan esclarecer en qué circunstancias concretas se produjo la publicación del citado avance el 25 de abril de ese año y si verdaderamente se hizo a petición concreta del Gobierno español, como así plasmó cuatro años después el auditor externo del fondo en un informe.
Precisamente la defensa de Rato se hizo eco de esta parte concreta del mismo, que se recoge en su punto 77, y pidió su incorporación al procedimiento; solicitud que fue aceptada por el tribunal. Por todo ello la de Lagarde se ha convertido en una declaración clave en el caso, especialmente importante para De Guindos, teniendo en cuenta que las respuestas que formule a este cuestionario podrían suponer un respaldo a su versión de los hechos o, por el contrario, ponerle en un aprieto. Sea como fuere, la que también va a jugar un papel muy destacado en este asunto es la que fuera responsable de la misión, Ceyla Pazarbasioglu, puesto que ella es la que realmente puede aclarar los motivos concretos que llevaron al FMI a saltarse el calendario establecido y adelantar varios meses sus conclusiones sobre los problemas que afrontaban diez entidades españolas.
Por todo ello, la acusación rechaza renunciar a estas testificales aunque muestra su descontento a que las mismas se lleven a cabo mediante un cuestionario. En su opinión "se prescinde de los principios elementales de oralidad, inmediatez y contradicción" puesto que el FMI no ha precisado por qué descarta que se efectúe por videoconferencia y tampoco en qué se materializa la "política de inmunidad" a la que aludió en su respuesta a la Audiencia Nacional para evitar que su declaración se lleve a cabo en los mismos términos que la prestada por De Guindos desde la sede del BCE en Frankfurt. En lo que respecta a Pazarbasioglu, la CIC asegura que ha tenido conocimiento de que ya no trabaja en el Fondo y, por lo tanto, ya no estaría sometida a dicha "política de inmunidad".
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