Las CCAA abogan por el "traspaso real" de competencias en materia de Justicia

Pamplona.- Las once comunidades autónomas con competencias en administración de Justicia consideran que para lograr el éxito en la implantación de la Nueva Oficina Judicial se debe avanzar con "profundidad y decisión en el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal".

"Si no se otorgan dichas competencias, el nuevo modelo de oficina judicial se pone en serio riesgo", según se recoge en el acuerdo adoptado en la reunión de la comisión de coordinación de la comunidades autónomas con competencias en administración de Justicia que se ha celebrado durante dos días en Pamplona.

El documento, hecho público en un acto celebrado en el Palacio de Navarra, ha sido ratificado por los órganos competentes de los gobiernos de Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón.

El consejero de Justicia del Gobierno navarro, Javier Caballero, que ha actuado como portavoz, se ha congratulado por el resultado de la reunión, unas conclusiones que quieren trasladar "con carácter inmediato" al ministro de Justicia, así como a la comisión conjunta de las comunidades autónomas con el ministerio y el Consejo General del Poder Judicial.

Caballero ha resaltado la importancia de que, pese a "la dificultad que muchas veces significa que comunidades con composiciones políticas tan heterogéneas, con planteamientos tan diversos, se haya conseguido generar un cauce de encuentros y consensos".

Respecto a los acuerdos adoptados, ha señalado, en relación con la reforma de la justicia, que la entrada en vigor de las reformas procesales el próximo 4 de mayo "no es el final del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, sino el punto y seguido de un dilatado e ilusionante camino".

Tras valorar "positivamente" los pasos dados, los firmantes consideran que es "preciso seguir avanzando en la misma línea, reforzando aún más la colaboración entre todas las administraciones implicadas".

En este sentido reiteran la necesidad de "avanzar con profundidad y decisión en el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, sin menoscabo del carácter nacional de los diferentes cuerpos de funcionarios".

Para ello solicitan de la Administración del Estado que "lidere este proceso y emprenda a la mayor brevedad las acciones necesarias que garanticen el éxito de este proceso de transferencia real de competencias".

Las comunidades han acordado además constituir una base compartida de los documentos que cada una de ellas haya elaborado o elabore en un futuro sobre planificación, desarrollo, implantación y despliegue de la Nueva Oficina Judicial. Asimismo han decidido coordinarse en la información sobre la negociación de los puestos de trabajo.

Además, "con el fin de conseguir un correcto despliegue de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo", consideran "imprescindible" y se insta a la Administración del Estado que revise las dotaciones establecidas para esas unidades "reduciéndolas en beneficio de los servicios de carácter común".

Entre sus demandas figura la de ser informados y participar en todo lo que incida en la modernización de la Justicia y en la elaboración de futuras leyes que afecten al ejercicio de sus competencias.

Estas once comunidades autónomas han mostrado además su "firme compromiso" con el derecho a la asistencia jurídica gratuita y han reiterado al ministerio la necesidad de "impulsar la reforma de la Ley de justicia gratuita".

En relación con los "juicios rápidos", los representantes autonómicos, tras reconocer que éstos han significado un "incremento importante de la asistencia letrada gratuita", han constatado la necesidad de racionalizar este procedimiento, a fin de que responda al principio de solidaridad social inspirador del sistema.

Finalmente han acordado pedir al ministerio de Justicia que les comunique las cuantías a transferir de los fondos de depósito previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el calendario y el procedimiento que se va a emplear.