Madrid, 27 feb.- Las quejas ante el Defensor del Pueblo crecieron en 2012 un 56 por ciento respecto a 2011, según recoge la Memoria Anual presentada hoy en el Parlamento por la titular de la institución, Soledad Becerril, quien ha reclamado reformas y acuerdos para restaurar la confianza en las instituciones.
La Defensora ha entregado en el Congreso y en el Senado la Memoria Anual de la institución, que gestionó 280.592 expedientes en 2012, una cifra que se ha disparado por el gran número de escritos presentados por la supresión de la paga extra de los funcionarios y en relación con los recortes aplicados en política sanitaria.
El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 -21.420 en el año 2011-, lo que supone un incremento del 56 por ciento, y además la institución realizó 371 investigaciones de oficio -506 en el año anterior-.
Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad -246.743 en 2012, en 2011 hubo 2.455-, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público, los cambios en la ley de dependencia y beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.
El Defensor no interpuso en ese ejercicio ningún recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), pero formuló 548 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a la administración, "que han servido para corregir más del 70 por ciento" de las actuaciones puestas en entredicho por los ciudadanos ante esta institución.
Las comunidades autónomas que presentaron un mayor número de quejas y de solicitudes de recursos ante el TC fueron Madrid (8.813 quejas y 48.765 peticiones), Andalucía (4.273 y 42.603), Cataluña (3.945 y 31.833) y Comunidad Valenciana (3.258 y 23.321).
Junto a Ceuta (con 40 quejas y 307 peticiones de recursos ante el TC) y Melilla (con 50 y 407), las comunidades que remitieron menos demandas al Defensor fueron La Rioja (168 y 1.731), Cantabria (363 y 2.523) y Navarra (380 y 4.724).
- ECONOMÍA Y FINANZAS:
El defensor considera que las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre los desahucios han sido "puntuales y sin la búsqueda de una solución global" y pide un marco legal "menos gravoso" para evitar la pérdida de la vivienda, elemento que muchas veces es el único patrimonio de los ciudadanos.
El informe insiste en sus reclamaciones de mejora del sistema de subastas, la limitación de los intereses moratorios y mejoras en la transparencia de la comercialización de hipotecas.
El Defensor del Pueblo ha constatado el cambio de perfil de las personas que ocupan una vivienda, puesto que ya comienzan a aparecer familias estructuradas que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres.
Además, el número de quejas remitidas a la institución relacionadas con la supresión de la renta básica de emancipación de los jóvenes y las demoras en el pago se dispararon un 73 por ciento.
La Defensora ha recomendado que se modifique la normativa sobre planes de pensiones para permitir que los parados rescaten estos ahorros en caso de necesidad, aunque hayan contratado el plan ya en situación de desempleo.
- SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL:
En este ámbito, las quejas recibidas por la institución -6.743- tienen que ver con la reducción de prestaciones sanitarias, la exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, la financiación de medicamentos y la supresión de centros de urgencia en atención primaria, entre otras.
El Defensor reclama al Gobierno que adopte medidas complementarias que garanticen el "acceso efectivo" a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares.
En dependencia, la institución constata los retrasos en la valoración de las personas dependientes así como en la determinación de las prestaciones.
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Ante las 243.698 solicitudes contra la supresión de la paga extra de los funcionarios para que la institución recurriera ante el TC esta medida, la Defensora insta al Gobierno a reconocer y a abonar la mitad de esa paga a los empleados públicos, ya que ese acuerdo se adoptó en julio.
La Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de Abogados de Toledo y los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Langreo (Asturias) y Leganés (Madrid) son consideradas por el Defensor del Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su labor por obstaculizar sus investigaciones.
- JUSTICIA E INTERIOR:
Constata el aumento de quejas derivadas de la actuación policial en manifestaciones, al tiempo que critica las "escasas" investigaciones abiertas para determinar si los agentes se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones.
El Defensor considera que el Programa de Prevención de Suicidios en cárceles no es útil, ya que 11 de los 44 reclusos que intentaron quitarse la vida en 2011 estaban incluidos en el mismo, y 4 de los 15 que lo consiguieron también.
La institución comparte la percepción de la mayoría de ciudadanos de que las multas de tráfico son "excesivas" y "especialmente gravosas" para la economía doméstica en tiempos de crisis, aunque recuerda que las sanciones tienen también como objetivo disuadir de cometer infracciones. EFE
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