El Gobierno prepara una Ley de Seguridad Nacional en la que el principal organismo de inteligencia de la Presidencia del Gobierno se reserva la posibilidad de intervenir empresas y suspender su liberalización por motivos relacionados con el "interés nacional". Se trata de una norma pensada para situaciones de crisis, como la actual, y tiene el objetivo de sobreguardar los sectores estratégicos del país. No va a ser sencillo que la legislación vea la luz ya que fuentes del PP advierten que si se aprueba en estos términos presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por, lo que entienden, una posible vulneración de los derechos fundamentales.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, al que ha tenido acceso La Información, contempla que el Gobierno pueda acordar, de forma unilateral, la suspensión del régimen de liberalización de determinados sectores o empresas "cuando se trate de actos, negocios, transacciones u operaciones que, por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas con el ejercicio de poder público, o actividades directamente relacionadas con la defensa o la seguridad nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad pública y salud pública".
En estas categorías se incluyen actividades económicas y financieras. De esta forma, según se puede leer en esta articulado provisional, el Ejecutivo plantea modificar el artículo 7 de la Ley de régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales para poder intervenir empresas o sectores, en general. Esa suspensión será indefinida y se deberá conceder una nueva "autorización administrativa" para poder realizar operaciones posteriores.
Suspensión de inversiones extranjeras en España
El borrador de anteproyecto de Ley también contempla una modificación del artículo 7 bis 2 para poder suspender también el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España. El Gobierno aún no ha definido los sectores pero justifica esta disposición a preservar "la seguridad nacional, al orden público, la seguridad pública y a la salud pública". Esto implicaría, por ejemplo, dejar en stand by las inversiones de grandes multinacionales o fondos de inversión cuando el Gobierno considere que existe una amenaza para el Estado. Este mecanismo se configura como una especie de 'golden share' permanente.
La norma, muy intervencionista en su conjunto y que aún tiene que superar diferentes trámites, incluido el parlamentario, contempla también la creación de una especie de 'CNI económico' en Moncloa. Se llamará "Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno" y estará encuadrada en el Departamento de Seguridad Nacional que dirige el general Miguel Ángel Ballesteros, dependiente del gabiente de Sánchez, y que está ubicado en el mítico búnker de Moncloa. Ballesteros, por cierto, ha acompañado al presidente en su gira por los países bálticos de esta semana mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha quedado en Madrid.
Este embrión de 'CNI económico' ubicado en Moncloa (los servicios de inteligencia seguirán trabajando con independencia y reportando al Gobierno como hasta ahora) tendrá responsabilidades sobre la seguridad económica y financiera, la ciberseguridad, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la sanitaria, la preservación del medio ambiente y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico". El anteproyecto de Ley no hace referencia a la OPA sobre empresas estratégicas, como la actual sobre Naturgy que se encuentra a la espera de la decisión del Gobierno para ser autorizada o rechazada.
La futura ley contempla, según el borrador actual, la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, conocida como RECAPI, para garantizar una producción industrial de bienes de primera necesidad para hacer frente a situaciones de crisis como la actual pandemia. La normativa en elaboración también contempla la constitución de un Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica que dependerá funcionalmente del Consejo de Seguridad Nacional y organicamente del Ministerio de Industria. Será el órgano encargado de la gestiónde dicha Reserva Estratégica.
El Covid cambió los planes de todo el país y, por supuesto, del Gobierno central. Esta reserva centralizada de bienes de primera necesidad fue una de las primeras decisiones que anunció Sánchez una vez comprobado las dificulades para encontrar suministros básicos en momentos de crisis global. Hubo serios problemas para encontrar mascarillas y respiradores y se tuvo que recurrir a una firma española especializada. De ahí que esa futura ley plantee necesidades que hasta marzo de 2020 parecían remotas. Moncloa, por cierto, tenía previsto realizar un simulacro de crisis global en el que iban a participar todos los ministerios pero el confinamiento exprés interrumpió el ejercicio que estaba preparando el general Ballesteros. Aún está pendiente de poder realizarse.
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