Moncloa se inclina por decir 'no' a la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy. Según ha sabido La Información de fuentes gubernamentales, el núcleo duro del Gobierno entiende que, por "razones estratégicas", no es el momento para vender una parte significativa de una de las principales energéticas del país a un accionista extranjero. El posicionamiento de esta parte del Ejecutivo, que revela La Información, es clave de cara a la posibilidad de ejercer la 'golden share', ya que no todo el Consejo de Ministros rema al unísono en esta materia. Existe una división en el área económica del Gobierno pero, en este momento, la postura es más proclive a ejecutar el llamado 'escudo anti-opas' y, por tanto, seguir manteniendo el actual statu quo en la energética que dirige Francisco Reynés.
La opa por el 22,69% de Naturgy es considerada un asunto de Estado para el Gobierno de coalición y, como en tanto otros asuntos, hay debate. El área más liberal, donde se enmarca a la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo, es partidaria de no ejercer dicha 'acción de oro' y permitir la operación, siempre tras estudiar en profundidad los planes de los interesados. Una opción que, como decimos, contrasta con la que defiende Moncloa y que pasa por hacer uso del mecanismo 'anti-opas' que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia para evitar que inversores extranjeros adquirieran participaciones de referencia en compañías consideradas estratégicas para el Estado.
Naturgy, sin duda, es una de esas compañías, de ahí que en Moncloa muestren sus discrepancias y lo hagan sin ambages. Las fuentes consultadas consideran que la energética es una de las firmas de referencia para la "soberanía estratégica", por eso se empiezan a posicionar en contra de las tesis que defiende Calviño y ese área liberal del Ejecutivo.
La predisposición de Moncloa de vetar la opa de IFM sobre Naturgy le evitaría un problema a La Caixa que, de momento, no se ha posicionado sobre la operación. De hecho, las fuentes consultas indican que la entidad estaría esperando a que el Ejecutivo ejerciera la citada 'acción de oro' sobre su participación en la energética para no tener que rechazar una operación cifrada en más de 5.000 millones por parte de los inversores australianos.
Un detalle importante: en Moncloa no hay divisiones en este asunto. Lo que defiende Pedro Sánchez e Iván Redondo, su jefe de gabinete, lo apoyan Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asunto Económicos. También Francisco Salazar, el adjunto de Redondo. No existen fisuras, por tanto, en el triunvirato moncloavita, indican las fuentes consultadas, sobre la principal operación empresarial que sobrevuela la era Sánchez.
Naturgy es para Moncloa, en efecto, una cuestión de "soberanía energética" y la prioridad pasa por conservar que sus principales accionistas sean nacionales. Además, es esencial, indican, que la compañía mantenga su sede en España y siga generando inversiones y puestos de trabajo en nuestro país. No quieren, en ningún caso, que el centro de gestión principal y la toma de decisiones se trasladen al extranjero. La españolidad de Naturgy es innegociable, afirman.
IFM ya ha registrado ante la CNMV la solicitud de autorización de la opa y ahora el Gobierno dispone de seis meses para analizar la detallada información que se le requerirá al potencial comprador y determinar si ésta se autoriza o no. Hasta verano, por tanto, el Ejecutivo tiene tiempo para tomar una decisión definitiva.
El fantasma de Enel y Endesa
El 'fantasma' de la opa Endesa y Enel sobrevuela en todo momento el movimiento de IFM y a eso es, precisamente, a lo que se agarran los partidarios de tumbar la operación. Aquel proceso, tan turbulento como rocambolesco, ha tenido consecuencias nefastas no sólo sobre la actividad económica y el empleo nacional, sino sobre la influencia española en áreas como Latinoamérica donde Endesa tenía y mantiene una presencia significativa. Con Naturgy temen que pueda ocurrir algo similar y por eso son partidarios de ejercer la 'acción de oro'.
Unidas Podemos, por su parte, ya se ha manifestado en público sobre la opa sobre Naturgy: "En poco o nada coadyuva a asegurar la prevalencia del interés general; lo que es seguro es que un fondo extranjero no tiene entre sus prioridades la tarea estratégica de asegurar el suministro universal en condiciones", aseguran fuentes del partido morado. El debate, en definitiva, se encuentra sobre la mesa del Consejo de Ministros aunque, de momento, no se ha abordado en ningún cónclave en Moncloa.
Relación engrasada entre Moncloa y Naturgy
En el terreno de las relaciones político-empresariales, el núcleo económico del Gobierno y Naturgy siempre han mantenido un nexo de confianza, tanto cuando Sánchez gobernaba en solitario como durante el actual periodo la coalición. De hecho, el único viaje de 'negocios' del presidente fuera de España durante la pandemia -con permiso de los Consejos Europeos y la visita a El Vaticano para reunirse con el Papa Francisco- ha sido de la mano de la compañía energética a Argelia. Fue una visita exprés con Reynés y una reducida delegación de empresarios para sellar el acuerdo para la reducción de precios del gas entre la compañía nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach y Naturgy tras meses de complicadas negociaciones y bajo la amenaza de un litigio internacional. Misión completada y vuelta. Reynés es, además, un habitual en las convocatoria de Moncloa con el Ibex.
En clave catalana, y a las puertas del 14-F que podría abrir paso a un nuevo Govern, la relación del Ejecutivo con Naturgy también es reseñable. La energética fue una de las grandes compañías que trasladó su sede social fuera de Cataluña por el procés independentista, un movimiento que se produjo durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero podrían resultar claves para una operación retorno que también ha calentado la patronal 'Foment del Treball' y que Naturgy nunca ha descartado si se da la seguridad jurídica para regresar.
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