Libertad de expresión para unos pocos y control ideológico del Estado

El concejal de Seguridad de Madrid, el podemita José Javier Barbero, ha probado de su propia medicina al ser castigado con un escrache por unos 300 policías municipales sometidos a su autoridad. Pero no recibió la pócima con el ánimo que cabría suponer en quien fue dispensador de similar remedio. Barbero había participado en escraches contra sus adversarios políticos y hay al menos una foto de su protesta acosadora contra Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde. Aquello fue definido por sus organizadores y participantes como un "ejercicio de libertad de expresión". Sin embargo, al ser ahora blanco directo de lo que ostentaba como un derecho, Barbero ha tachado a los manifestantes de "fascistas" y está buscándoles las vueltas para ver si puede acusarlos de algo.

Llueve sobre mojado. La izquierda radical, y a veces la que no lo es tanto, califica de libertad de expresión sus protestas y sus acosos contra los conservadores, la ley o los derechos ajenos, pero cuando la protesta va en sentido contrario y la izquierda es el objetivo, los otros son unos tipos sin razón, unos radicales y unos fascistas. Podemos aplica con puntualidad la doble vara de medir y ahora mismo tenemos dos ejemplos más de este rol intolerante. Por un lado, defienden y disculpan a los titiriteros de Madrid, enjuiciados tras exhibir en una función de marionetas para niños un cartel con un gora ETA, además de agraviar a un juez y a una religiosa, solo alegóricamente por suerte, a pesar de que la legislación penal castiga la apología del terrorismo. Por otro, se han organizado para legitimar y exculpar aRita Maestre, actual portavoz en el consistorio de Madrid, juzgada por asaltar una capilla católica de la Universidad Complutense durante un acto religioso, a pesar de que la legislación protege la libertad religiosa como uno de los fundamentos que es de la democracia.

La plena libertad de expresión, que reconoce y protege la Constitución, está sometida a límites, pocos pero manifiestos, porque no existe una libertad ni un derecho que puedan ejercerse de manera absoluta. La convivencia en sociedad impone unas servidumbres basadas esencialmente en el respeto a los demás. De ese modo, las leyes castigan el apoyo o el ensalzamiento del terrorismo, los ataques a las libertades ajenas, como la práctica de la religión, las lesiones a los derechos personales como el honor, la intimidad y la propia imagen. La izquierda radical se distingue no por proteger la libertad de todos sino por aprovecharse de ella hasta debilitarla o hacerla desaparecer. En esto se resume la historia de los totalitarismos, uno de cuyos últimos ejemplos lo ha dado el sistema bolivariano en Venezuela, que guía los pasos de Podemos.

En las "bases políticas" en que Podemos expone sus planes para un hipotético Gobierno, se encuentra una raíz del absolutismo que anima a este partido populista que, sin que una parte amplia de la población haya reparado en ello, ha resucitado las tácticas de control social y político aplicadas por los comunismos. Las altas autoridades y los miembros de órganos decisivos han de "estar comprometidos –son sus palabras textuales- con el programa del Gobierno", lo que es una manera segura de romper su independencia y autonomía esenciales y de ejercer un control sobre ellos desde la ideología oficial del partido. Esta es una pequeña relación de los cargos que Podemos cita en su papel y que pretende fiscalizar ideológicamente: gobernador, secretario general y seis consejeros del Banco de España, interventor general de la Administración, directores del ICO y de la Administración Tributaria, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial (en este caso, matizado ante el escándalo generado, pero ya veremos), fiscal general del Estado, secretario de Estado de Seguridad, directores de Policía y Guardia Civil, directores del CNI, del CIS, del Centro de Estudios Jurídicos y del BOE, director de RTVE y secretario de Estado de Comunicación, representantes ante Naciones Unidas, OCDE, OIT, OTAN, presidente del Consejo de Estado…

Un Gobierno democrático se distingue por respetar la libertad y la ideología de todos, por gobernar para todos, no solo para un partido. Entre su concepto volátil y mudadizo de la libertad de expresión y el control ideológico de los altos cargos del Estado, incluidos los máximos intérpretes de la Constitución y la última instancia judicial, la libertad, y no solo la de expresión, recibiría durante su mandato un golpe letal del que a España le costaría Dios y ayuda recuperarse. Como le está pasando a Venezuela, donde ayer precisamente un preboste bolivariano negó la reconciliación de todos. Un caso práctico de totalitarismo.