'Reforma Hasel': UP informó a Moncloa de su ley pero el PSOE quiso adelantarse

La coalición volvió en la noche de este lunes a demostrar que, en asuntos considerados sensibles, las relaciones no terminan de estar del todo engrasadas. La materia en discusión no era menor, ni para el PSOE ni para Unidas Podemos: la condena a nueve meses de prisión al rapero Pablo Hasel por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y su inminente entrada en un centro penitenciario. Más de 200 artistas, ente ellos Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Fernando Trueba o Vetusta Morla, se movilizaron en las horas previas para pedir al Gobierno que moviera ficha y Moncloa quiso apuntarse el tanto. Pero los morados ya tenían preparada su propia Proposición de Ley e, incluso, habían informado a sus socios de que iban a presentarla este mismo martes.

Diferentes fuentes gubernamentales implicadas en las negociaciones reconstruyen lo sucedido en las horas previas a este nuevo choque. Unidas Podemos había comunicado en los órganos internos del Gobierno su intención de registrar en el Congreso de los Diputados una "Ley de protección de la libertad de expresión". En concreto, el grupo parlamentario dirigido por Pablo Echenique plantea en su iniciativa derogar los artículos del Código Penal relacionados con dicha libertad de expresión: el delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo.

Los morados, en concreto, habían informado a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente de la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo, de su iniciativa. E, incluso, según las fuentes consultadas, el equipo de José Antonio Montilla había dado el visto bueno a la misma. En concreto, Unidas Podemos comunicó a sus socios que su Proposición de Ley se iba a registrar este martes, a primera hora, en la Cámara Baja. El contacto fue sobre las 19:30 horas del lunes. Desde UP discrepan de este movimiento pero subrayan que lo importante es que las medidas salgan adelante y se reforme el Código Penal.

Pero Moncloa- y no Justicia, a quien la decisión le cogió en 'fuera de juego'- quiso mover ficha antes y adelantarse a la iniciativa de Unidas Podemos. Con el manifiesto de los dos centenares de artistas circulando y sumando más adhesiones hora tras hora para presionar al Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación remitió este lunes a las 20:56 -casi hora y media después de la comunicación que hizo UP- un mensaje informando de una iniciativa, hasta ahora inédita, del Ministerio de Justicia: el equipo de Juan Carlos Campo "planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad".

Y añadía Moncloa en su comunicado: "El Ministerio, en su propuesta, considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal". 

En las horas previas al anuncio de Moncloa, Unidas Podemos comunicó a sus socios que su Proposición de Ley se iba a registrar este martes, a primera hora, en la Cámara Baja

Fuentes de Justicia precisan, por su parte, que lo que se estudia es la posibilidad de reformar los tipos "más controvertidos" de los que se engloban dentro de los 'delitos de expresión'. La modificación, aún en un estadio muy inicial, iría encaminada a suprimir las condenas de cárcel en relación a los delitos de enaltecimiento del terrorismo, delito de odio, injurias a la Corona y delitos contra los sentimientos religiosos. Las mismas iniciativas que plantea Unidas Podemos en su Proposición de Ley, más avanzada y que ha sido registrada en la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados.

Según estas fuentes, la modificación que ahora impulsa el Ejecutivo estaría justificada porque la amplitud de la conducta genera "inseguridad" y por el hecho de que, con el actual marco jurídico, es difícil delimitar el ejercicio al derecho fundamental con la conducta delictiva.

La condena a Pablo Hasel

La disputa interna en el Gobierno se impulsa, como decimos, en plena presión por parte de una parte el sector artístico para evitar la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado en firme por la Audiencia Nacional por publicar mensajes en sus redes sociales ensalzando la figura de miembros de ETA y los GRAPO y por difundir la canción 'Juan Carlos el Bobón' en la plataforma de Youtbe. El Tribunal Supremo confirmó los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y le impuso nueve meses de cárcel que ahora tiene que cumplir. De hecho, la orden de su ingreso penitenciario ha vuelto a reabrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión y las condenas a los mismo con penas de cárcel.

Además del caso de Pablo Hásel, la Audiencia Nacional ha juzgado y condenado en los últimos años a varios raperos y tuiteros al considerar que enaltecían el terrorismo por sus comentarios en las redes. Quizás, dos de los casos más llamativos fueron el de Valtónyc y Cassandra. En lo que respecta al rapero, sumó una de las condenas más altas que se recuerdan por este asunto, en concreto tres años y medio, de nuevo también por el contenido de sus canciones. En su caso, la Sala concluyó que todas esas manifestaciones, en las que se arremetía también contra el Rey Emérito, excedían el campo de la libertad de expresión y también el de la solidaridad con los presos.

Cassandra, por su parte, fue condenada en la Audiencia Nacional por tuits sobre víctimas de ETA o Luis Carrero Blanco. Su defensa llevó a este asunto al Tribunal Supremo y consiguió, por primera vez, una absolución por este asunto. La Sala de lo Penal dijo que eran comentarios de mal gusto pero que se enmarcaban en clave de humor negro y por tanto no había que entenderlos como una humillación a las víctimas del terrorismo. 

Al cantante de Def con Dos, César Strawberry, le pasó lo contrario: sus comentarios sobre la víctima de ETA José Antonio Ortega Lara o los Grapo le supusieron la condena de un año de cárcel por parte del Tribunal Supremo pese a que había sido absuelto en un primer momento. El cantante llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional el cual anuló la condena.