La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, procesada y juzgada el pasado mes de julio por un delito de desobediencia tras más de cuatro años huida en Suiza, queda expuesta a un paso de juicio. Así lo ha decretado el magistrado del Tribunal Supremo que ha investigado el 'procés' catalán, Pablo Llarena, quien ha puesto fin al sumario respecto a la exdiputada y ha remitido la causa a la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Una decisión que se produce una semana después de que la exdiputada autonómica compareciese en el Supremo, donde negó que desobedeciera al Tribunal Constitucional en el marco del proceso independentista catalán de 2017 dado que, según dijo, no recibió ningún requerimiento de este tribunal. Llarena citó a Gabriel a declarar después de que la exportavoz de la CUP en el Parlament catalán se presentase en ante el Supremo para regularizar su situación. Ese mismo día, el juez la dejó en libertad y dejó sin efecto la orden nacional de búsqueda y detención que pesaba contra ella.
Tras su comparecencia y tras constatar que ya se han practicado todas las diligencias que en su día se estimaron oportunas y que no se han reclamado nuevas indagaciones, el juez ha acordado poner fin al sumario. El juez Llarena procesó a Gabriel en marzo de 2018 al considerar que aunque no fue "notificada o requerida para la observancia de los mandatos del Tribunal Constitucional", es "evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años, habiendo incluso determinado condenas anteriores por este mismo delito".
Llarena la procesó junto a Mireia Boya, expresidenta del grupo de la CUP, que fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña junto a los miembros de la Mesa del Parlament durante el procés y que, a diferencia de ellos, resultó absuelta, precisamente porque no recibió ningún requerimiento directo del TC y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión.
Un precedente similar
La situación de Anna Gabriel es asimismo similar a la de la exconsellera Meritxell Serret, que se convirtió hace un año en la primera procesada en el caso que regresaba a España para ponerse a disposición del tribunal después de huir a Bélgica en 2018. En marzo de este año el Supremo abrió juicio contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ser el órgano competente al estar procesada por desobediencia, delito por el que la Fiscalía de Cataluña pide para ella un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios