Los fiscales se oponen al retroceso en las garantías en los procesos penales

  • Madrid.- La Asociación de Fiscales (AF) ha discrepado hoy de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por considerar que implican perjuicios en los derechos ciudadanos y una merma de las garantías de la tramitación de los procesos penales.

Los jueces ven necesario reformar la LECrim, pero no "con parches"
Los jueces ven necesario reformar la LECrim, pero no "con parches"

Madrid.- La Asociación de Fiscales (AF) ha discrepado hoy de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por considerar que implican perjuicios en los derechos ciudadanos y una merma de las garantías de la tramitación de los procesos penales.

Las enmiendas, según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, serán retiradas hoy por los grupos parlamentarios ante el malestar que su contenido ha creado en la Fiscalía, que considera que reducen "a la mínima expresión" la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales y limita su capacidad de informar a la opinión pública de la marcha de los procesos judiciales.

En un comunicado, la AF dice que la introducción de enmiendas que afectan al proceso penal en la tramitación de una ley procesal, la de Medidas de agilización procesal, supone prescindir de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal en una materia que afecta a la organización y funcionamiento de la carrera fiscal, como el régimen de recursos y el secreto del sumario.

Según la Asociación de Fiscales, las enmiendas de algunos partidos suprimen o limitan, entre otros derechos, el recurso de reforma contra las resoluciones durante la fase de instrucción y el recurso contra las sentencias en juicios de faltas.

Estas medidas, desde su punto de vista, no conseguirán la agilización de los procesos judiciales y supondrán un retroceso para lograr que se respeten los derechos de las víctimas en el proceso.

Para este colectivo, las enmiendas también revelan un preocupante desconocimiento de la función del Ministerio Fiscal como defensor de la legalidad en el proceso penal y como representante de la sociedad ante los Tribunales de Justicia, al tiempo que alejan a España de los sistemas procesales de los países europeos.

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