La sentencia del caso Orcel, que da la razón al ejecutivo italiano frente al Banco Santander sobre su contrato fallido, se ha producido el mismo día en que la Audiencia Provincial de Madrid ha descartado de forma definitiva las pretensiones del directivo de ampliar la causa a la vía penal. Los jueces han inadmitido de forma tajante y sin opción a recurso la pretensión de los representantes legales de Orcel de extender la responsabilidad al ámbito penal, por entender que no hay “dato ni indicio alguno” de que se haya cometido un delito.
El análisis jurídico de la Sala que ha resuelto el recurso advierte que el derecho a la tutela judicial efectiva que los abogados de Orcel alegaban para ampliar el caso hacia la vía más grave del derecho, no se ha vulnerado en ningún momento. A su juicio, no puede confundirse ese derecho que garantiza el artículo 24 de la Constitución con “el derecho a que las decisiones de los tribunales sean satisfactorias o acordes con los deseos de éstos o sus aspiraciones”.
Ese bloqueo definitivo a la vía penal reduce en gran medida del golpe reputacional que pueda recibir la entidad que preside Ana Botín, que ahora tiene vía libre para plantar batalla a la sentencia que se ha dictado en la vía civil sobre el carácter del contrato de Orcel, así como las indemnizaciones estipuladas por el juez. Desde el banco se ha mostrado el respeto total a las decisiones judiciales, pero se ha anunciado la intención de recurrir el fallo en primera instancia, por entender que no se han tenido en cuenta algunos de los hechos analizados con la suficiente trascendencia.
Posibles incongruencias
Pendientes de conocer los argumentos del recurso que desde el Santander se van a interponer ante la Audiencia Provincial de Madrid -la misma que ha descartado la vía penal en el caso-, fuentes jurídicas cercanas a ese proceso han advertido que puede haber algunas incongruencias en la sentencia. Por un lado, ha extrañado que el juez opte por un pago de 35 millones de euros en los incentivos a largo plazo reconocidos, cuando la parte demandante ya había rebajado esa pretensión a 18 millones, una diferencia que recortaría de forma sustancial el pago total.
De la misma manera, se considera que la indemnización por daños y perjuicios es demasiado elevada, dado que el golpe reputacional que pueda haber sufrido el directivo italiano por su pelea con el Santander no es tal, sobre todo si se tiene en cuenta que ahora es consejero delegado de una de las grandes entidades financieras de Europa. Con esos y otros argumentos, los representantes legales del Santander armarán su recurso a la Audiencia, con la pretensión de que, como en otras ocasiones ha ocurrido en este mismo caso, sean atendidas y secundadas.
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