Madrid, 11 abr.- Los grupos parlamentarios minoritarios han acusado hoy al Grupo Socialista y al Popular de encubrirse mutuamente en la "estafa masiva" que ha supuesto la comercialización inadecuada de participaciones preferentes, de la que han culpado a ambas formaciones.
Asimismo, se mostraron partidarios de devolver "inmediatamente" su dinero a los preferentistas afectados, en vez de cambiarles los títulos por acciones, "lo que no soluciona el problema".
Así se expresaron los diputados (casi todos del Grupo Mixto) en el debate previo a la votación para aprobar el real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes.
El socialista Antonio Hurtado pidió al ministro De Guindos, encargado de defender el texto, que el problema de las preferentes se aborde como una "cuestión de Estado" y se mostró partidario de la vía judicial frente a los arbitrajes.
También pidió que la CNMV haga una auditoría "de oficio" para comprobar quiénes han sido los engañados, y que éstos puedan recuperar su dinero y no se les cambien sus títulos por acciones, como prevé el decreto.
En su respuesta, De Guindos le recordó a Hurtado que el real decreto "refleja el espíritu y la letra" de lo pactado con los socialistas en la comisión de Economía del Congreso, y le dijo que el problema no es el producto sino su venta masiva a particulares que se hizo en 2008 y 2009, bajo un gobierno socialista.
El representante del Foro Asturias, del Grupo Mixto, Enrique Álvarez Sostres, anunció que su grupo apoyará "con reservas" el real decreto "para que vuelva a fluir el crédito", aunque destacó la "inacción" que según él caracterizó la actuación en este asunto del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por su parte, Joan Baldoví, también del Grupo Mixto, insistió en que en España se ha producido una "estafa masiva" de productos tóxicos "vendidos por entidades presididas en muchos casos por el PP", a las que acusó de que "sabían lo que vendían y a quién se lo vendían".
Las intervenciones de los diputados estuvieron salpicadas de momentos de tensión como el protagonizado por el diputado del Grupo Mixto Alfred Bosch, que decidió realizar su intervención en catalán, lo que no está permitido en esta cámara, y fue reconvenido en tres ocasiones por el presidente de la Cámara, Jesús Posada, que en la tercer y última llamada al orden le expulsó del estrado.
La diputada Olaya Fernández Dávila, del Grupo Mixto, exigió al ministro la retirada del Real decreto y le pidió que se pusiera en la piel de los afectados.
Según explicó Fernández Dávila, los preferentistas de Galicia están recibiendo escritos pero no para informarles de arbitrajes sino de las quitas que van a sufrir, familias que tenían ahorros para "momentos de necesidad" y ahora se ven atrapados e incluso se arriesgan a ser desahuciados", dijo.
Pedro María Azpiazu, del PNV, anunció la abstención de su grupo y dijo que el Real decreto "no ayuda al crédito",
Azpiazu se refirió también a las personas "sin cultura financiera" que adquirieron estos productos en sus entidades "de toda la vida sin que se les pasara por la cabeza que pudieran engañarles" y dijo que las quitas "pueden suponer una expropiación", especialmente en el caso de Bankia, que han visto esfumarse sus ahorros.
Por su parte, la representante de UPyD, Irene Lozano, antes de anunciar la querella criminal que su grupo va a presentar en la Audiencia Nacional, acusó a socialistas y populares de fingir un enfrentamiento en la cámara cuando en realidad "todo estaba pactado con anterioridad".
Por su parte, José Luis Centella, de GIP, dejó entrever que rechazará el decreto al decir que no apoyarán ningún acuerdo que no incluya la devolución total e inmediata del dinero. EFE
ala/br
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