Gane quien gane las próximas elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril -y consiga los apoyos necesarios para gobernar- incorporará la salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública, un compromiso que los responsables de los cuatro principales partidos han ido deslizando a través de diferentes medios en los últimos días cuando queda menos de un mes para acudir a las urnas. En la actualidad, es una prestación que las comunidades ofrecen con un carácter limitado y básico a través de diferentes modelos asistenciales, lo que provoca desigualdad e inequidad entre los ciudadanos.
PSOE, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular coinciden, con algunos matices, en incorporar la salud oral al sistema sanitario universal, cuya exclusión 'obliga' a los ciudadanos a acudir a las compañías privadas para ser atendidos y condiciona el acceso de las rentas más bajas a la atención odontológica. Se trata en parte de evitar escándalos como los de iDental, un grupo de clínicas que prometía 'democratizar' la odontología con tratamientos 'low cost' a las que acudieron decenas de miles de personas con pocos medios económicos para recibir un tratamiento que pagaron o se endeudaron para hacerlo pero que nunca recibieron.
La actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, reconocía en una reciente entrevista en La Voz de Galicia que una de las intenciones del Partido Socialista, si consigue formar gobierno tras los comicios, es incorporar el tratamiento odontológico a la sanidad pública, "porque es tan importante como el resto de la salud orgánica y mental". Carcedo ha lamentado no haber introducido su cobertura pública en esta legislatura, asegurando que la salud bucodental refleja el nivel socioeconómico de una persona y genera unos niveles de desigualdad muy evidentes.
La ministra ha admitido que la exclusión de este servicio está generando niveles de desigualdad muy importantes y ha denunciado que las personas que no tienen recursos para atender sus necesidades bucodentales "están siendo presa de los especuladores más desalmados que uno se pueda imaginar", en referencia a los continuos escándalos de las clínicas de bajo coste. Y los datos dan la razón a la responsable de Sanidad: la prevalencia de caries entre los niños de 12 años de clase alta es justo la mitad que la de los de menos renta, según la última Encuesta de Salud Oral en España.
También el PP trabaja en esta línea. A mediados de marzo Teodoro García Egea y Andrea Levy, secretario general y vicesecretaria de estudios y programas del PP, respectivamente; y Adolfo Suárez Illana, presidente de la Fundación Concordia y Libertad se reunieron con los responsables del Consejo General de Dentistas para valorar cómo se podría ampliar "de una forma coherente, sensata y planificada" la cartera de servicios de la Seguridad Social en función de las necesidades de salud bucodental de los ciudadanos. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo, trasladó a los políticos 'populares' la urgencia de ampliar las prestaciones para los sectores más desfavorecidos: niños, ancianos y personas con discapacidad, y de incidir en la prevención, ya que a medio y largo plazo supone un ahorro importantísimo.
Por su parte, Ciudadanos ha introducido entre su batería de medidas sociales los tratamientos dentales gratuitos para los menores de 16 años, en línea con la propuesta programática de Podemos. Mientras, en diferentes comunidades y ayuntamientos se han puesto ya en marcha iniciativas para facilitar el acceso a la salud bucodental fundamentalmente a los menores. Así, el pasado diciembre la Asamblea de Madrid aprobaba la Ley de Atención a la salud bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid, propuesta por el PSOE, que permitirá que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis antes de 2020.
La región se sumaba a otras siete comunidades autónomas que ya dan cobertura pública a esta especialidad, no incluida en la Seguridad Social. La normativa, que recibió el voto favorable de PSOE, PP y Cs y la abstención de Podemos, que se opuso por estar en desacuerdo con que los servicios dentales se concierten con privados, prevé que todos los menores entre las edades fijadas tengan un dentista personal de referencia. Pese a todo, la ley deja fuera los implantes y ortodoncias.
Mientras, los partidos de izquierda del Ayuntamiento de Barcelona -ERC, PSC, Barcelona en Comú y la CUP- y dos concejales no adscritos dieron respaldo hace unos días a la iniciativa de Ada Colau de crear un servicio de dentista municipal que ofrecerá tratamientos odontológicos a precios hasta un 40% más económicos que los de mercado. El servicio, que dependerá de la empresa pública que gestiona las bicicletas públicas, el parque de atracciones o los aparcamientos, entrará en vigor en 2020 y podría dar respuesta a las necesidades de más de 36.000 vecinos.
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