Los procesados por agredir a concejales del pp en llodio acusan a los ediles de originar los altercados

Los 19 simpatizantes de Batasuna acusados de agredir, escupir y amenazar a varios concejales del Partido Popular en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Llodio (Álava) que tuvo lugar el 14 de junio de 2003 aseguraron hoy en la Audiencia Nacional que fueron los propios ediles populares los que originaron los altercados, ya que entraron en el salón “empujando” y “con mucha violencia”.
Los acusados, para quienes se piden hasta cinco años de cárcel, negaron haber agredido o insultado a los concejales del PP y explicaron que decidieron asistir al pleno para protestar por la ilegalización de la marca electoral con la que la izquierda abertzale pretendía concurrir a las elecciones municipales del año 2003.
Algunos de los procesados fueron más allá y no sólo negaron haber golpeado a los concejales del PP, sino que aseguraron que fueron agredidos por los populares.
El acusado Urtzi Goitia llegó a asegurar que fue golpeado por el concejal del PP Santiago Abascal, uno de los agredidos y denunciantes. Goitia afirmó que Abascal, aprovechando el “tumulto”, le propinó una patada. “Yo soy el agredido”, señaló.
El procesado Kepa Garrote, por su parte, dijo haber sido empujado y golpeado por el parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo, otro de los denunciantes.
LEGITIMIDAD DE LOS CONCEJALES
El acusado Gaizka Amorrortu dijo en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en el pleno “no estaban los cargos políticos elegidos por el pueblo” y que acudió a Ayuntamiento con una pancarta y un silbato para “protestar pacíficamente” por una situación que consideraba “injusta”.
Este procesado, que formaba parte de la plataforma electoral cuyas listas fueron anuladas por el Tribunal Supremo, acusó a los concejales del PP de haber originado los altercados al acceder “a golpes” al salón de plenos junto a sus guardaespaldas. “Entraron por la fuerza, no había necesidad”, dijo.
Amorrortu dijo que ni agredió, ni insultó, ni escupió a los concejales del PP, ya que se encontraba “a una gran distancia” y no “alcanzaba”. Al ser preguntado sobre si vio alguna agresión, dijo que sí, pero señaló que esta se produjo por parte de los guardaespaldas del PP.
GOLPES Y ESCUPITAJOS
Los hechos tuvieron lugar el 14 de junio de 2003, durante el pleno de constitución del Ayuntamiento de Llodio. El fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Caballo, sostiene que los simpatizantes de Batasuna irrumpieron en el salón de plenos con la intención “de impedir la celebración del acto mediante el amedrentamiento y la coacción verbal y física sobre los candidatos electos”.
El Tribunal Supremo había declarado ilegal a Batasuna ese mismo año y había impedido que la nueva marca electoral de la izquierda abertzale concurriese a las elecciones municipales celebradas en mayo.
Según el fiscal, los acusados “no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos y amenazar” a los concejales electos y llegaron a ocupar los asientos de los ediles.
Los concejales del PP agredidos fueron Santiago Abascal Conde, Rosa María Torres y María Monserrat Canive. También fueron víctimas de las coacciones el concejal del PP de Amurrio (Álava) Esaú Martín y el diputado del Parlamento Vasco Carlos Urquijo, quienes habían acudido al acto para apoyar a sus compañeros de partido.
Tres de los miembros del PP resultaron lesionados debido a las agresiones, al igual que un miembro del público que intentó defenderles. El pleno tuvo que suspenderse debido a los graves incidentes.
NIEGAN LAS AGRESIONES
El acusado Alfredo Remírez dijo ante el tribunal que acudió al Ayuntamiento para dar su apoyo “al alcalde saliente”, Pablo Gorostiaga (de Euskal Herritarrok), y aseguró que los concejales del PP y sus escoltas entraron en el salón de plenos “empujando a la gente” y “golpeando”. Fue entonces cuando el público empezó a silbar a y mostrar sus pancartas. Este procesado negó haber participado en ninguna agresión, ni física ni verbal.
Por su parte, el acusado Jon Ander Altube, que había sido concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento con Euskal Herritarrok, dijo que los miembros del PP “entraron con mucha violencia”. Añadió que “el pleno se podría haber celebrado” si los miembros del PP y sus escoltas “no hubiese entrado de esa manera”.
Altube aseguró además que se encontraba a una “gran distancia” de los concejales populares, por lo que es “imposible” que participase en la agresión.
El fiscal Carballo pide penas de tres años de cárcel y multas de hasta 1.200 euros para los acusados, al atribuirles delitos de coacciones terroristas y varias faltas de lesiones y agresiones.
HECHOS PRESCRITOS
En el trámite de cuestiones previas, la abogada de la defensa, Jone Goiricelaia, pidió que no se celebrase el juicio al considerar que los hechos habrían prescrito.
Explicó en este sentido que la denuncia inicial presentada por los hechos atribuía a los procesados unas faltas de lesiones, que prescriben a los seis meses.
Goiricelaia señaló que la apertura de diligencias se produjo el 26 de julio de 2003 y que no se produjo ningún trámite judicial hasta enero de 2004. “Desde que se incoa el procedimiento hasta la primera resolución han pasado más de seis meses, por lo que se puede hablar de prescripción de los hechos”, dijo la letrada.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que representan a los concejales del PP agredidos rechazaron este argumento y aseguraron que los hechos no habían prescrito. El representante del Ministerio Público sostuvo que, además de las faltas, hay delitos conexos en los hechos, algunos de ellos con un periodo de prescripción de diez años.
El tribunal, tras unos veinte minutos de deliberación, comunicó que había decidido resolver la cuestión de la prescripción en la sentencia que dictará tras la vista oral. Lo mismo hará con las dilaciones indebidas esgrimidas por la defensa.