La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha retado al fiscal Ignacio Stampa a que lleve ante los tribunales su decisión de no 'renovarle' en la Fiscalía Anticorrupción, donde estaba desempañando su labor en investigaciones como el caso 'Tándem', relativo a las presuntas irregularidades del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La máxima representante del Ministerio Público ha subrayado que todos los nombramientos pueden ser recurridos en los órganos judiciales, algo que, según ha destacado, no ha hecho el ahora fiscal de Madrid, pues no ha impugnado ninguna de las designaciones que tuvieron lugar en octubre de 2020 para ocupar las plazas vacantes en dicha Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Así lo ha dicho ante la Comisión de Justicia del Senado, en la que ha comparecido para presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2020. En su intervención inicial, que se ha prolongado unas dos horas, ha defendido que, desde que ella está ejerciendo el mandato como máximo responsable de la institución, todas las propuestas de nombramientos de cargos discrecionales están "motivadas" para cumplir con la "transparencia" y garantizar que todas las decisiones se adoptan en base a criterios de "mérito" y "capacidad". En este sentido, ha explicado de este modo que cualquier fiscal que considere que el candidato elegido en una plaza no cumple estos requisitos, puede impugnar ante los tribunales los nombramientos basándose en las razones expuestas.
Así, aunque la convocatoria de Delgado en la Cámara Alta también tenía como objeto hablar de la polémica de no adjudicar a Stampa una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, en la que se encontraba en comisión de servicio, centrando su función desde 2017, junto a su compañero Miguel Serrano, en la macrocausa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, no ha sido hasta la interpelación posterior de algunos senadores cuando ha hablado de este caso concreto. En este sentido, Delgado ha precisado que la decisión se adoptó tras oír el 27 de octubre de 2020 al Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, y que ninguno de los vocales "concurrió en esta persona". De hecho, ha señalado que los miembros de dicho Consejo, antes de emitir su opinión, ha hecho un trabajo de campo "exhaustivo" para recabar toda la información de todos los aspirantes a un puesto con el objetivo de elegir al mejor perfil.
"Es inadmisible"
Por todo ello, Delgado ha afeado a Stampa que esté intentado "tirar por la borda el trabajo y un informe del Consejo Fiscal". "Lo que normalmente se hace: se recurren los nombramientos cuando alguien no está conforme. Y este fiscal no ha recurrido ninguno de estos nombramientos, no ha dicho por qué sus compañeros no debían ocupar esos cargos en Anticorrupción", ha remarcado, al tiempo que ha enfatizado que es "inadmisible" y "daña a la institución" que se ponga en cuestión "la profesionalidad" de los nombrados.
Estas declaraciones han llegado justo un día después de que la fiscal general avisara por correo electrónico al órgano asesor del Ministerio Público que incluía en el orden del día de la reunión del próximo 24 de noviembre las "gravísimas y difamatorias imputaciones" -calificaciones que ha repetido en el Senado- que habían aparecido en distintos medios de comunicación, después de que Stampa, que acusó a Delgado de haber maniobrado en su contra, presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia por dejarle fuera de Anticorrupción y abrirle una investigación interna abierta. Un asunto que se lleva al próximo encuentro fiscal después de que la Asociación de Fiscales exigiera una justificación "muy detallada" de por qué no se concedió una plaza al exfiscal del caso Villarejo.
Pero cabe destacar que la Cámara Alta no ha sacado relucir este debate por estos últimos acontecimientos, sino que fue hace un año, incluso antes de conocerse que Stampa no se quedaría en la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón, el pasado 6 de octubre de 2020, cuando el senador del PP Fernando Rosa registró una solicitud de información sobre las declaraciones que hizo el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre la supuesta relación que habría mantenido el exfiscal Anticorrupción con la abogada de Podemos Marta Flor, personada como acusación popular en la investigación contra Villarejo. El ex 'número dos' de la Fiscalía General pidió perdón por haber tachado, sin comprobaciones previas, de "escandalosa" la actuación de su compañero de carrera, después de que se publicaran conversaciones de whatsapp del grupo del equipo legal de la formación morada en la que la letrada daría entender que tenía información privilegiada procedente del representante del Ministerio Público.
Defiende su nombramiento
Por otro lado, Delgado también ha defendido su propio nombramiento como fiscal general del Estado, que fue ratificado el pasado 19 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió los recursos presentados por PP y Vox al considerar que no tienen legitimidad para impugnar esta decisión discrecional del Gobierno. A juicio de la fiscal, que en su anterior etapa profesional fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, la elección "puede gustar más o puede gustar menos", pero está contemplado en la Constitución, que reconoce esta figura para desarrollar la "política criminal del Ejecutivo". No obstante, ha matizado que esto no significa que el máximo responsable del Ministerio Público tenga que seguir instrucciones directas del Gobierno, pues a diferencia de los sistemas de Francia, Holanda o Alemania, en España el Ministerio de Justicia no puede "impartir órdenes". "Sería inconcebible en nuestro sistema", ha asegurado.
En esta línea, Delgado ha defendido los principios de autonomía, independencia e imparcialidad por los que se rige la Fiscalía, si bien ha aprovechado para implorar a los senadores que doten la institución más medios para garantizar una mayor "autonomía presupuestaria, normativa, organizativa, formativa y sobre todo transparencia en las comunicaciones", y más aún ante el reto que se les pone por delante con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que se les otorgará la dirección de las instrucciones de las causas penales. "Cuando llegue una norma que hable de esto, por favor, digan que sí", ha pedido.
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