Tras dar a conocer el lunes que desde el Consistorio madrileño se solicita una fianza de más de un millón de euros para Luis Medina por el caso de las mascarillas, el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid considera que el empresario está actuando en función de su "estrategia procesal" en la causa, y ha defendido que desde el Consistorio están "centrados" en "defender el interés de los madrileños".
Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, después de que el abogado del hijo de Naty Abascal solicitara al juez Adolfo Carretero que no acepte la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular al no ser perjudicado de los contratos investigados en el procedimiento penal.
"No voy a entrar, lógicamente, en la estrategia procesal de este señor. Él sabrá cuál es la estrategia procesal que debe seguir. En todo caso nosotros en lo que estamos centrados, como hemos estado centrados siempre, es en defender el interés de los madrileños, en defender cada euro público si se comprueba efectivamente a lo largo de ese proceso judicial que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid y en eso es en lo que estamos absolutamente centrados, en defender los intereses de los madrileños", ha expresado la también delegada de Seguridad y Emergencias de la capital.
Sanz ha defendido que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "como en otras ocasiones en otros contratos", ayudara a "la salida de ese material en esas compras que se hicieron" a través de una carta "para facilitar las gestiones". En este punto, Inmaculada Sanz ha hecho referencia al "contexto" del 10 de marzo de 2020, cuando "el Gobierno de España dijo que iba a centralizar todas las compras y proveer a todas las administraciones de esas compras centralizadas" y "unos días más tarde se olvidó de ese compromiso, y dijo que cada Comunidad, cada Ayuntamiento, se buscara la vida como pudiera e hiciera esas compras".
"En ese contexto es donde nos encontrábamos, y evidentemente el mercado en China, como en otros países, era realmente complicado para poder sacar esos productos del país. Simplemente se hizo en ese contrato pues lo que se hizo también en otros contratos", ha explicado a renglón seguido.
Del mismo modo, la presidenta de la Funeraria Municipal ha reiterado que el Ayuntamiento "envía absolutamente toda la documentación" solicitada por Fiscalía, "y después, por parte del Ayuntamiento de Madrid, una funcionaria fue llamada a declarar en calidad de testigo y es lo que hizo". "Por lo tanto, por supuesto el Ayuntamiento de Madrid ha respondido a todas y cada una de las peticiones de la Fiscalía y ha dado todas las explicaciones al respecto", ha subrayado.
La Funeraria Municipal se persona
Tras dar a conocer que la Funeraria Municipal se ha personado en la causa como perjudicado, la portavoz del Gobierno municipal ha defendido que "la relación comercial, desde el primer momento, y así se ha explicado y está en las facturas, es con la empresa Leno" pero que "en ningún momento hay relación comercial del Ayuntamiento de Madrid con este señor (Alberto Luceño)".
"Esto es así, está en el sumario, y así perfectamente declarado. En los casos donde era necesario porque lo requería el mercado así se hacía. Evidentemente la persona que hablaba esos días para esa transacción, lo hacía con Alberto Luceño, eso es así. Todos los correos están aportados a la causa. Pero insisto, la relación comercial del Ayuntamiento de Madrid es con la empresa Leno, que es a la única que le ha pagado la compra de ese material", ha continuado. Además, ha insistido en el hecho de que las compras "estaban avaladas por el Consejo de Funeraria la noche del 24 de marzo".
