La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio. La investigación se inició a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
El Sepblac apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio. En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.
El fiscal exige en su escrito detalles “sobre los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta” y, además de copia de todas las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pide también información “sobre la existencia de posibles comisionistas”. El representante de la citada empresa respondió por escrito al Fiscal aportando esos datos.
Además, señaló que “este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha transmitido la mercancía hasta nuestro país”. El delito de malversación por parte de responsables públicos ha quedado descartado y el propio consistorio ha sido admitido como parte perjudicada.
Un abogado denuncia a Almeida
Un abogado ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no llevar ante los tribunales la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas, lo que podría suponer la presunta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Fernando Pamos de la Hoz entiende que Martínez-Almeida, en su condición de funcionario y autoridad, debería haber llevado los hechos ante los juzgados.
En concreto, la denuncia se interpone por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal), entre otros, "en su condición doble de funcionario y autoridad, con relación a la obligación inexcusable que tuvo de haber denunciado los hechos que han sido objeto reciente de querella por el Ministerio Público en relación a las mascarillas y otros materiales que se adquirieron para la pandemia en el año 2020". Esgrime el letrado que "el hecho de que hubiere diligencias de investigación por el Ministerio Público no supone iniciación del procedimiento penal como tal, y no eximía de denunciar los mismos por el Ayuntamiento de Madrid".
El abogado señala que, conforme consta en el sumario, tuvieron conocimiento antes de esas diligencias de investigación de la presunta estafa debido a que "fueron adquiridos guantes con un sobreprecio obsceno e inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y que los test, con un precio desorbitante, fueron igualmente desechados por su nula eficacia". Ante estos hechos, el abogado solicita que se admita una denuncia y se cite como investigado, con presencia del Ministerio Fiscal, al mismo para que declare sobre los hechos relatados.
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