Maza, el fiscal censurado que consiguió encarcelar a medio Gobierno catalán

Una infección fulminante, con complicaciones en el riñón, ha acabado esta tarde con la vida del fiscal general del Estado en Buenos Aires. José Manuel Maza (Madrid, 1951), el firmante de las querellas por rebelión contra Carles Puigdemont y todos los miembros de su Gobierno destituido tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, fue reprobado por el Congreso de los Diputados -con los votos de todos los partidos de la oposición- que le acusaron de favorecer los intereses del PP en el caso Lezo, el que investiga la corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y Púnica, en el que se indagaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

El sorpresivo fallecimiento de Maza llega en medio de la respuesta judicial a la culminación del proceso soberanista con la DUI. Suyas son las querellas presentadas contra el Govern y la diputación permanente del Parlamento catalán, esta última con la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a la cabeza, por sedición y rebelión, un delito este último que podría castigarse con hasta 25 años de cárcel.  Suyo fue el impulso procesal que permitió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela encarcelar a ocho exconsejeros catalanes mientras el resto del Ejecutivo de esa comunidad, con Puigdemont a la cabeza, huía a Bélgica acusándolo de urdir "un juicio político" contra el independentismo.

La lucha sin fisuras contra la secesión de Cataluña fue una de las claves de su elección. El hecho de que el Gobierno del PP, por primera vez en democracia, recurriera a la práctica de otros Ejecutivos del PSOE de elegir para la cúspide del Ministerio Público a un magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo fue interpretado en medios judiciales como un intento de cerrar filas con el tribunal que, casi con total seguridad, abordará todas las causas abiertas contra el procés.

También como una estrategia para acabar con las tentaciones corporativas de sus antecesores, Consuelo Madrigal y Eduardo Torres Dulce. Con este último a la cabeza, la junta de fiscales de Cataluña no encontró ningún delito en la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 que acabó con la condena del expresidente Artur Mas, y tres de sus consejeros por desobediencia al Tribunal Constitucional.

Su desaparición llega cuando se iba a cumplir una año de su nombramiento, el 25 de noviembre de 2016. Este magistrado simpático, afable, de buen trato y divertido según sus compañeros, fueran o no cercanos a sus postulados políticos, fue un jurista conservador. A su procedencia ideológica apuntaba también el hecho de que hubiera presidido la Unión Judicial Independiente (UJI), una asociación judicial que ya no existe escindida de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para colocarse más a la derecha. 

Su supuesta cercanía al PP, subrayada por toda la izquierda judicial, le procuró sus mayores reveses en su corta trayectoria como fiscal general. Entre sus decisiones más críticas estuvo la de nombrar como fiscal jefe Anticorrupción a Manuel Moix, que aparecía en las conversaciones grabadas del caso Lezo como una persona de confianza de ese partido que podría pisar el freno en causas como Gürtel o Púnica que acorralan a esa formación. La intención de este último de limitar el alcance de la operación que acabó con Ignacio González en prisión y la de parar en seco la imputación del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en Púnica, le valieron su reprobación parlamentaria, junto con la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el propio Moix.

Enfrentado con todos los miembros de su fiscalía por intentar descafeinar la investigación contra González  y por su decisión de apartar a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo del caso 3% en Cataluña, Moix tuvo que dejar su cargo, a los tres meses de ser nombrado, después de que 'Infolibre' descubriera que era propietario junto a sus hermanos de una sociedad con sede en Panamá. Maza, sin embargo, lo defendió con uñas y dientes. Incluso cuando el ex fiscal jefe le presentó su dimisión irrevocable cercado por esas informaciones periodísticas.

Pero por lo que el fiscal general fallecido -el primero que muere en ejercicio de su cargo- será, sin duda, recordado, es por su dureza frente al independentismo catalán. Sus dos querellas -contra el Govern y contra la Mesa del Parlament- aprecian rebelión (castigado con hasta 25 años) pese a que ese delito exige una insurrección violenta de dudosa existencia en el procés. Sus subordinados de la fiscalía de la Audiencia Nacional reclamaron la prisión incondicional contra todos los miembros del Ejecutivo catalán excepto uno (Santi Vila), medida que terminó adoptando la juez Carmen Lamela.

Una de las máximas ilusiones de su vida, la consiguió el pasado 10 de julio, cuando logró el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. En su tesis defendió que los partidos políticos como institución respondieran de los delitos electorales como la financiación ilegal. Ese, precisamente, es el delito que se imputa al partido que sostiene el Gobierno que lo eligió -el PP- en tres macrocausas (Gürtel, Púnica y Lezo) con las que en sus 11 meses como fiscal general le tocó lidiar.